Disputa entre residentes de Los Cacicazgos y colegio continúa en los tribunales
La administradora del colegio asegura que cuenta con los permisos requeridos tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Educación
Cayena González
El colegio Baby First School enfrenta desde 2022 una disputa legal con la Junta de Vecinos del sector Los Cacicazgos, en el Distrito Nacional. Los residentes alegan que el centro educativo opera de forma irregular en esta zona, que es exclusivamente residencial, al funcionar como un negocio dentro de una vivienda.
Como consecuencia, la Junta presentó una querella contra la administradora del colegio, Jenny Jennifer Taveras López, proceso que culminó con una sentencia que ordena el cierre y la suspensión del uso del suelo "por operar de manera ilegal", según explicó la abogada de los vecinos, Miriam Paulino.
De acuerdo con Paulino, la operación del colegio ha perturbado la tranquilidad del sector debido al ruido y al congestionamiento vehicular que se genera en las horas de entrada y salida. Además, señala que esto representa un riesgo en caso de emergencia, ya que dificulta el acceso de los organismos de asistencia.
Pese a la sentencia, la abogada afirma que el centro educativo sigue en funcionamiento, lo que motivó la imposición de una medida de coerción de prisión domiciliaria contra Taveras. Sin embargo, dicha medida se encuentra detenida, ya que la parte acusada recusó a la jueza cargo del caso.
Por su parte, Richard Gómez, abogado defensor de la administradora del colegio Jenny Taveras López, argumenta que la normativa 1020 permite la existencia de un negocio de baja escala por cuadra, y que la sentencia solo prohíbe trabajos de construcción, no las operaciones regulares del colegio.
Dicen cuentan con permisos
Mientras que Taveras asegura que cuenta con los permisos requeridos tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Educación (Minerd), y que antes de instalarse allí, otra institución educativa ya funcionaba en ese mismo local comercial.
La administradora del colegio también expresó que el conflicto está motivado por el hecho de que su centro está ubicado frente a la residencia del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, quien —según ella— ha interferido por molestias personales.
Finalmente, la abogada Miriam Paulino informó que, tras varios aplazamientos, la audiencia para conocer el fondo del caso fue fijada para el próximo 24 de junio.
Cayena GonzálezPeriodista, graduada de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo
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