Crece la preocupación en Higüey por el impacto de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial
Autoridades, empresarios y comunitarios advierten que el municipio podría enfrentar un desfinanciamiento significativo
Patricia Heredia
La interrogante que domina la opinión pública es una sola: ¿qué ocurrirá con Higüey cuando se aplique la nueva Ley de Ordenamiento Territorial? El tema ha generado inquietud entre comunitarios, empresarios, autoridades y ciudadanos, quienes advierten que el municipio podría enfrentar un escenario económico delicado.
"La ley puede sepultar a nuestro pueblo", advierte el representante de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias (Comunal).
Cirio Valdez fue categórico al afirmar que el ayuntamiento municipal dejará de percibir más de 300 millones de pesos al año cuando entre en vigencia la ley.
"Es una pena que muchos altagracianos nos hayamos hecho los sordos y los mudos con esa ley. Esa ley va a sepultar a nuestro pueblo si no nos empantalonamos, porque no habrá a quién exigirle obras", expresó.
Valdez insistió en que es indispensable que las autoridades aclaren qué ocurrirá con el presupuesto municipal, especialmente con los recursos destinados a los presupuestos participativos que benefician a los barrios.
Empresarios expresan incertidumbre
El presidente de la Unión de Empresarios de la provincia, Carlos Pina, señaló que la situación que vive la alcaldía genera preocupación en el sector privado.
"Varios empresarios ya están indecisos sobre si continuar invirtiendo en este municipio o irse a otra provincia", dijo.
Aun así, hizo un llamado a la unidad y a mantener la cohesión provincial en medio de la incertidumbre.
El regidor Jefferson Castillo comparó el impacto de la ley con un fenómeno natural devastador.
"El huracán Melisa no llegó aquí, pero el huracán de Higüey se llama Ley de Ordenamiento Territorial", expresó.
Afirmó que, si al Ayuntamiento le retiran alrededor de 500 millones de pesos, la institución quedaría sin capacidad para pagar nómina y responder a necesidades básicas como recogida de basura, iluminación, aceras, contenes y obras esenciales.
"Que el presidente y todas las autoridades lo entiendan: a Higüey no se le puede dejar solo", advirtió.
En ese mismo tenor, la regidora Luz Mireya advirtió que, si la provincia deja de percibir el estimado 40 % de sus ingresos actuales, Higüey enfrentaría un colapso administrativo y operativo.
"Por eso la sociedad civil, empresarios y el Ayuntamiento estamos unidos. Necesitamos que los fondos que vamos a dejar de percibir lleguen desde la Presidencia", sostuvo.
Agregó que, sin un compromiso formal y por escrito, "las promesas podrían desaparecer con cualquier cambio de gobierno".
Alcaldesa Karina Aristy: "el presidente se comprometió con Higüey"
La alcaldesa Karina Aristy afirmó que el presidente de la República ha dado garantías de respaldo al municipio durante la transición que implica la nueva ley.
"El presidente nos dijo que trabajáramos nuestro presupuesto igual que este año, porque está comprometido con nuestra provincia y nuestro municipio", sostuvo.
Aristy indicó que el mandatario prometió una partida especial para lo que resta de 2025 y pidió confiar en su palabra.
"Vamos a trabajar el presupuesto confiando en el compromiso del señor presidente".
Al referirse a los posibles efectos de la ley, concluyó: "Si hubiera una situación, no sería la alcaldía... sería Higüey. Todo el municipio se vería afectado".
Informe financiero
Según el informe contable-financiero correspondiente al segundo trimestre (abril-junio), la alcaldía de Higüey dejó de percibir 21,030,189 pesos, principalmente por concepto de uso de suelo y licencias de construcción.
El documento establece que la alcaldía obtuvo ingresos propios por 84,851,670 pesos, y que le fue asignado por ley un monto de 118,278,507 pesos, para un total de 203,130,177 pesos.
Sin embargo, el informe del trimestre julio-septiembre no especifica cuánto dejó de percibir la institución en ese período. Solo detalla que recibió un total de 231,358,431.60 pesos, de los cuales los ingresos propios sumaron 113,079,924.60 pesos y 118,278,507 pesos provinieron de la Ley 166-03.
Una fuente de entero crédito informó a Diario Libre que, en total, el ayuntamiento habría dejado de percibir más de 70 millones de pesos, específicamente 73 millones.
¿Qué establece el reglamento?
Mediante el Decreto 396-25, se aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que establece las pautas para que los gobiernos locales gestionen de manera ordenada el desarrollo de sus municipios.
Entre los puntos más relevantes del reglamento se destacan:
- Planes de ordenamiento territorial: los gobiernos locales están obligados a diseñar y aprobar estos planes, que permitirán una gestión más eficiente del uso del suelo. Las oficinas municipales de planeamiento urbano deberán autorizar proyectos de infraestructura que sean compatibles con la naturaleza del terreno en cada municipio.
- Proyectos turísticos: para los espacios destinados a proyectos turísticos, se requerirá tanto el permiso de uso de suelo del gobierno local como una certificación de no objeción por parte del Ministerio de Turismo, para validar la viabilidad del proyecto.
- Gestión del uso de suelo: La Ley 368-22 faculta a los ayuntamientos a crear sus propias oficinas de planeamiento urbano. El Ministerio de Hacienda y Economía certificará cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos para gestionar el uso de suelo en su territorio.
Patricia HerediaPeriodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.