Ética entrega a la Procuraduría expediente de presuntas irregularidades en una regional del Minerd
La investigación responde a una solicitud remitida por el exministro de Educación Ángel Hernández
Diario Libre
La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregó este viernes a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un documento que detalla presuntas irregularidades detectadas en una regional del Ministerio de Educación.
La decisión responde a una solicitud remitida por el exministro de Educación Ángel Enrique Hernández Castillo, con el objetivo de profundizar una investigación en curso sobre la ejecución de fondos destinados al mantenimiento de centros educativos en zonas rurales.
"Según los hallazgos de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos del Ministerio de Educación (Minerd), se transfirieron RD$25,142,600.00 para proyectos de reparación de escuelas que inicialmente no requerían intervención", indica la información compartida por Ética e Integridad Gubernamental.
Agrega que, "posteriormente, estos fondos habrían sido utilizados sin el debido cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones públicas".
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Adquisición de abanicos
El informe señala la adquisición de 1,595 abanicos por un monto de 33,461,011.05 pesos, "lo que parece indicar una sobrevaloración y una posible vulneración de la referida Ley Compras y Contrataciones".
"En virtud de estos hechos y en apego a la ética pública y la transparencia, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental remitió el expediente para su debida investigación, con el fin de determinar la existencia de las supuestas irregularidades y en consecuencia establecer responsabilidades penales, civiles o administrativas en caso de que corresponda", establece la institución en una nota de prensa.
La nota que remitió Ética no especifica la regional de la que se trata.
Con este caso suman 48 los depositados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la Procuraduría, ya que otras entidades dependientes del Poder Ejecutivo han remitido expedientes que estiman podrían tener calificativos penales, como la Contraloría General, Ministerio de Administración Pública, Unidad Antifraude de Contraloría, y Compras y Contrataciones.
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