VIDEO | Piden 20 años de prisión y decomiso de bienes para Alexis Medina en operación Antipulpo
Entre los cargos presentados figuran estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores
Karina Jiménez
El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como el cabecilla del entramado de corrupción administrativa desmantelado en la operación "Antipulpo".
Pero la petición no se limita a la prisión. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también requirió el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles del imputado, incluyendo las empresas vinculadas a su nombre, por haber sido —según la acusación— adquiridos con fondos provenientes de actos ilícitos.
Detrás del expediente, la justicia va tras los millones que Medina y su círculo más cercano supuestamente habrían extraído del Estado a través de contratos irregulares, tráfico de influencias y un esquema de empresas creadas para lucrarse desde dentro del poder.
De acuerdo con la acusación formal, Medina encabezaba una red que utilizó su cercanía con el poder político para asegurarse adjudicaciones millonarias en instituciones públicas. La estructura, según el Ministerio Público, operaba con un engranaje sofisticado de prestanombres, empresas de carpeta y funcionarios aliados.
Entre los cargos presentados figuran estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Junto a Medina, figuran otros exfuncionarios y personas de confianza en la acusación:
- Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
- Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe)
- Magalys Medina Sánchez, hermana del principal acusado y exvicepresidenta del Fonper.
- Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador del Fonper
- Julián Esteban Suriel Suazo, vinculado como prestanombre
- Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República
- Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo, entre otros.
Los delitos imputados abarcan asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad en desfalco, sobornos activo y pasivo, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, prevaricación, y omisión y falsedad en declaración jurada de patrimonio.
Para Carmen Magaly, solicitó una condena de 10 años de reclusión en Najayo-Mujeres, una multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes ilícitos.
También, la inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratada por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas, así como la degradación cívica.
De igual modo, para los imputados José Dolores Carmona, Juan Bernabé Méndez, Fernando Aquilino Rosa, solicitó que sean sancionado con una pena de 15 años de prisión a ser cumplidos en Najayo-Hombres, así como una multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes ilícitos.
Así como inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas y la degradación cívica..
Para los acusados, Carlos José Alarcón y Ramón Brea Morel, 10 años de prisión, a ser cumplida en Najayo-Hombres, multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes ilícitos.
Al igual que la inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas, sí como la degradación cívica.
Con relación a la acusadas Lina Ercilia de la Cruz Vargas y , también pidió 10 años de prisión a ser cumplidos en Najayo-Mujeres, multa de 200 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos e inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas.
De igual modo, los imputados Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez, quienes coinciden en la misma calificación jurídica, de lavados de activos, solicitó que los mismos sean sancionados a cumplir una pena de 10 años de prisión a ser cumplidos en Najayo-Hombres y mujeres.
También se solicitó el del decomiso de todos los bienes ilícitos y la inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas, sí como la degradación cívica.
Para el imputados José Idelfonso Correa Martínez, también pidió 10 años de prisión, a ser cumplidos en Najayo-Hombres, multa de 200 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos e inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas.
En cambio, para los imputado Patricio Emmanuel Ramírez Pacheco, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo) y Rafael Antonio Gormasen Andújar, el Ministerio Público solicitó cinco años de presión a ser cumplidos en Njayo-Hombres.
También, una multa de 200 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos e inhabilitación para el mismo período para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas.
Para el acusado Víctor Matías Encarnación fue solicitado cinco años de prisión a ser cumplidos en Najayo-Hombres, una multa de 500,000 pesos, por haber llegado a un acuerdo con el órgano persecutor. De igual modo, pidió que la pena sea suspendida en su totalidad bajo las siguientes reglas: residir en un domicilio fijo, abstenerse al desempeño de posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidad de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas.
Presentase por ante el juez de ejecución de la pena por el mismo periodo, así como al decomiso que ha entregado voluntariamente de valores, en razón de lo que establece la norma de lavado de activos de 15 millones de pesos.
Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez se solicitó que sea condenado a tres años de prisión, que sería cumplida por el mismo tiempo que estuvo en prisión y prisión domiciliaria, así como una multa de 500,000 pesos.
Karina JiménezLicenciada en Comunicación Social, con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa. Es relacionista pública y community manager. Su especialidad es el periodismo de entretenimiento.
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