Más del 70 % de los reclusos en el Este están en prisión preventiva, según estudio

El sistema penitenciario en la región Este enfrenta una grave crisis: más del 73 % de las personas privadas de libertad están en prisión preventiva, es decir, sin condena, mientras varios centros operan muy por encima de su capacidad, según revela el "Reporte Estadístico de la Población Privada de Libertad del Sistema Penitenciario Dominicano".

El caso más crítico está en la cárcel pública de El Seibo, con una tasa de ocupación del 373 %, de acuerdo con el informe correspondiente al mes de mayo. 

Los datos, emitido por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), documentan que en esta región hay 3,983 personas privadas de libertad, de las cuales 2,907 (73 %) están en condición preventiva y 1,076 (27 %) han recibido una sentencia condenatoria.

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Esta desproporción evidencia serios retrasos en los procesos judiciales y un uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar.

Centros desbordados

La cárcel pública de El Seibo es el caso más alarmante. Fue construida para 248 internos, pero actualmente alberga 926, lo que representa una sobrepoblación de más del 373 %. De esta cantidad, 660 personas (71.3 %) están privadas de libertad sin condena.

En el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) de Anamuya, Higüey, provincia La Altagracia, hay 1,018 reclusos para una capacidad de 1,152, lo que equivale a una ocupación del 88.4 %. Aunque aún no ha colapsado, el centro opera muy cerca de su límite. Ahí, 806 internos (79.2 %) están en prisión preventiva.

Otros centros también presentan cifras elevadas:

• CCR-11 San Pedro de Macorís: 908 internos (capacidad 920), de los cuales 775 (83.1 %) están en prisión preventiva.
•  CCR-15 Cucama, La Romana: 702 internos (capacidad 720), con 565 preventivos (80.5 %).
• Centro para Mujeres de Higüey: Tiene 83 internas para una capacidad de 76, con una tasa de ocupación del 109.02 %. De ellas, 57 (68.7 %) están detenidas sin sentencia.

Perfil de la población privada de libertad

El informe indica que 3,914 de los 3,983 reclusos son hombres y solo 69 mujeres, lo que evidencia que la criminalidad femenina es mucho menor en esta zona. Además, 433 internos son extranjeros, con mayor presencia en el CCR-14 de Higüey (163) y la cárcel de El Seibo (134).

Ministerio Público

Sobre el tema, la titular de la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, Eudyce Fernández, dijo que esta es una situación, "que nos ha arropado toda una vida". También, que están trabajando en la mejora de los procesos y que más adelante la población podrá percibir los resultados de las acciones llevadas a cabo.

"Se están creando mejoras para el sistema penitenciario y en los próximos días la población podrá ver los resultados", reiteró.

Derechos Humanos y la prisión preventiva

El elevado porcentaje de internos sin condenas pone de manifiesto una seria disfunción en el sistema de justicia penal, especialmente en lo referente al debido proceso y al uso excepcional que debería tener la prisión preventiva. Mientras las cárceles se congestionan, las condiciones de vida se deterioran y se vulneran derechos fundamentales.

Así lo entiende Ramón Rosario, dirigente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, entidad que tiene mucha inquietud con relación al tema del hacinamiento y las personas que se encuentran detenidas preventivamente.

Refirió que en las cárceles de la región Este hay internos que están preventivos por una fianza de mil pesos, y otros de cinco o diez mil pesos. "Hasta que el Estado dominicano y las autoridades competentes no asuman esa parte, las cárceles seguirán congestionadas", acotó.

Apuntó que, aunque entiende que nadie manda a estas personas a delinquir, en algunos casos hay muchas familias que se olvidan de ellos por ser recurrentes y se cansan de la situación.

Como ejemplo, citó el CCR-15 Cucama de La Romana, donde hay una cantidad de presos preventivos, siendo este el nuevo modelo en que los internos deben fianzas de bajos montos.

Reseñó que es importante que se cree un programa para que esas personas sean identificadas y las autoridades puedan ayudarlas, para así descongestionar los espacios carcelarios.

A su juicio, en los centros carcelarios de la región se vive un hacinamiento total y es algo sumamente difícil.

En estos lugares se les violan los derechos humanos a los privados de libertad, dice, porque el Código Procesal Penal establece varias modalidades, y los jueces, de manera rápida y alegre, la primera medida que toman es privar de libertad a cualquier persona que esté implicada en algún caso.

"Jueces de miedo"

Según el abogado penalista Eusebio Polanco, lo que existe actualmente son "jueces de miedo", a los que define como aquellos que le temen a las redes sociales y a los medios de comunicación, y no imparten justicia en base a los preceptos jurídicos, sino sustentados en la presión social.

A su entender, el "populismo penal" está matando a la justicia. Por eso, la prisión preventiva no es una excepción, sino la regla y la libertad es la excepción y la regla es la prisión.

• "En la República Dominicana, especialmente en la provincia La Altagracia, esta situación ha provocado grandes hacinamientos en las diferentes cárceles, tanto en la preventiva de La Colón como en la cárcel de Anamuya".

Citó que el tipo de justicia que se está aplicando está provocando el gran taponamiento de presos preventivos en La Altagracia y en la región Este del país.

Asimismo, aseguró que el tratamiento que se le está dando a la justicia no es el correcto.

Entre los factores que influyen para que tantos imputados permanezcan en prisión preventiva por largos períodos, expuso que está la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público, lo que conlleva a deficiencias en las investigaciones.

Manifestó que, dada esa situación, hay presos que duran hasta cinco meses para subir ante un tribunal, porque el Ministerio Público no da abasto.

Detalló que medidas, como la garantía económica y la presentación periódica, han quedado en último plano; lo que se está aplicando es la prisión preventiva por el "qué dirán" en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre el particular, José Alfredo Javier, abogado penalista, entiende que se está abusando de la prisión preventiva, pues a ningún juez lo van a desvincular por dictarla, pero sí podrían desvincularlo si deja en libertad a una persona que haya cometido algún delito.

Javier coincide con Polanco al plantear que la prisión preventiva es la regla, y las demás medidas son las alternativas.

Entre los factores que influyen para que los imputados permanezcan en prisión preventiva señaló las acciones que realiza la defensa, y en algunos casos, los familiares que muchas veces están hastiados por la reiteración delictiva del imputado y lo dejan solo.

Esto complica al imputado por su falta de arraigo frente al tribunal, y en razón de eso tiende a postergarse el tiempo de su permanencia en prisión.

También citó los incidentes que se dan en el tribunal, pero, básicamente, esa falta es más atribuible a la defensa y al imputado que al propio sistema judicial, que, aun carente de servicios, los jueces están tratando de acelerar los procesos judiciales.

Sostuvo que no es tan frecuente que los imputados pasen años sin ir a juicio de fondo, sobre todo en la parte que tiene que ver con el Juzgado de Instrucción de La Altagracia, el cual está muy acelerado, a razón de que hay dos juzgados de instrucción que trabajan ágilmente.

Sin embargo, manifestó que el Tribunal Colegiado, al recibir casos del Juzgado de Instrucción, a veces, por los testigos o la falta de tiempo, puede durar hasta un año, porque se demanda más tiempo.

• A modo de conclusión, se puede decir que la situación descrita en el reporte oficial no solo expone una sobrecarga en la infraestructura carcelaria, sino también una crisis estructural en el sistema de administración de justicia.

• Reducir la prisión preventiva, agilizar los procesos judiciales y garantizar condiciones dignas de reclusión, son tareas urgentes que deben asumir tanto el Estado como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Patricia Heredia

Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.