Aplazan audiencia de coerción contra implicados en red de fraude bancario y robo de identidad
El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados de la defensa
Diario Libre
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en una red de fraude bancario y robo de identidad, desmantelada recientemente mediante operativos realizados en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo adicional para preparar sus presupuestos.
El órgano persecutor solicitó la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho personas físicas y una empresa vinculadas a la presunta red.
Los señalados en el caso son identificados como Fredery García Ortiz, quien es señalado como cabecilla de la estructura y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, también implicada en las operaciones fraudulentas.
Además, enfrentan cargos Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango). Asimismo, se imputa a la persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos "servían de fachada para actividades ilícitas vinculadas al fraude bancario y la usurpación de identidad".
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
Sobre la investigación
A través de una nota de prensa, el órgano persecutor informó que la investigación se inició tras las reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
En el operativo, realizaron varios allanamientos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.
Por el caso, se realiazaron 34 allanamientos simultáneos por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat.
Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En ese sentido, el órgano persecutor indicó que presentó diferentes pruebas que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo.
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