Suman cinco los imputados que admiten su participación en red de sobornos contra el Estado
La audiencia de conocimiento de medida de coerción continúa a puerta cerrada

Cinco de los diez imputados principales en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo admitieron su participación en el esquema de sobornos que operaba en instituciones del Estado para garantizar contratos de seguridad privada.
Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción, los imputados aceptaron las acusaciones del Ministerio Público, el cual los señala como parte de una estructura que pagaba y recibía sobornos para obtener y mantener contratos millonarios en entidades públicas como Edenorte, Edeeste, Edesur, Senasa e Inaipi.
Ante estas admisiones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) varió su solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario para los cinco encartados que cooperaron con la investigación.
Los imputados que admitieron su responsabilidad son:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario y propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), quien confesó haber pagado sobornos.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exgerente de seguridad de Edenorte.
- Coronel Andrés Pacheco Varela, del Ejército, también vinculado a contratos irregulares.
- Coronel Ramón Quezada Ortiz, de la Policía Nacional.
- Primer teniente Wellington Peralta Santos, del Ejército.
En cambio, para los demás imputados que no llegaron a acuerdos ni admitieron los hechos, el Ministerio Público mantiene su pedimento de prisión preventiva como medida de coerción.
La audiencia, que comenzó el lunes, continúa hoy bajo las riendas del juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
- El expediente acusatorio cuenta con más de 500 elementos probatorios, según informó la titular de la Pepca, Mirna Ortiz.
La Operación Lobo
La Operación Lobo fue iniciada tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, y ha implicado 15 arrestos tras 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago.