Arrestan a cuatro doctoras y una alcaldesa vinculadas a hombre fingía muertes para cobrar dinero
El Ministerio Público solicitará que se le impongan medidas de coerción en las próximas horas
Diario Libre
El Ministerio Público informó este viernes que en el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se lleva contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas cinco mujeres vinculadas, incluyendo cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, en Valverde.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, quienes fueron arrestadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde "tras la obtención de evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de las defunciones".
El órgano persecutor adelantó que las acusadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y que pedirá la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Imputado cumple medida de coerción
Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
El Ministerio Público indicó que estableció, con diferentes evidencias ante un tribunal, que el imputado registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
- Su proceso, además, fue declarado complejo.
El órgano persecutor agregó que Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos, que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Por deudas económicas
Según se ha establecido en la acusación, con la acción, el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
"Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequatur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro arrestadas. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos en diferentes unidades de Atención Primaria de Valverde", refiere el Ministerio Público en una nota de prensa.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), están a cargo del caso.
Se aprovechaba de personas vulnerables
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social.
Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (2,100 pesos), destinados a cubrir necesidades básicas.
Sostiene que el imputado, "aprovechándose de la precariedad de estas personas", supuestamente les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social.
El expediente agrega que en los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
En este caso, el Ministerio Público dice que cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Violaciones
Al grupo se les acusa de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, |147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
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