De Jairo González a Investor Winner: la ola de casos de fraudes y estafas que sacude a RD
En el país existen procesos judiciales por estafas inmobiliarias, piratería digital, fraudes mediante llamadas telefónicas, entre otros
Diario Libre
La condena a ocho años de prisión impuesta a Jairo González por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reaviva la atención sobre los fraudes financieros y casos de estafa en el país.
González fue hallado culpable de asociación de malhechores, estafa por falsa calidad y ejercicio ilícito de actividades del mercado de valores, y deberá cumplir su condena en Najayo Hombres. Además, se le impuso una multa y el pago de indemnizaciones civiles que suman más de 890 millones de pesos, a favor de 287 víctimas.
La sentencia reveló cómo González y su coimputado Kelmin Santos Rodríguez operaron una estructura que captaba fondos de inversionistas bajo la falsa promesa de transacciones en "valores virtuales" sin autorización oficial. Los afectados perdieron grandes sumas de dinero, con indemnizaciones individuales que van desde cientos de miles hasta decenas de millones de pesos.
Así como este caso, actualmente en el país existen procesos judiciales por casos similares a las que cometió Jairo, incluyendo estafas inmobiliarias, piratería digital, fraudes mediante llamadas telefónicas, entre otros.
Piratería digital: Operación Domo
La semana pasada el Ministerio Público en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, desmantelaron una red dedicada a la piratería digital que operaba en perjuicio de importantes compañías internacionales de televisión y streaming.
La red, desarticulada mediante la "Operación Domo", ofrecía accesos ilegales a más de 1,400 canales y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de plataformas como Netflix, Disney++ y Amazon Prime Video.
Los cuatro imputados, acusados de piratería digital, violación de derechos de autor y lavado de activos, enfrentan medidas de coerción que serán conocidas el jueves 25 de septiembre.
La organización criminal utilizaba plataformas IPTV66 y Servidor Privado para revender suscripciones ilegales, generando ganancias millonarias con transacciones en bitcoins y cuentas bancarias nacionales e internacionales, que superaron los 280 millones de pesos y más de un millón de dólares en pagos de suscriptores.
Estafa al sistema digital de un banco
A principios de septiembre se dio a conocer una estructura criminal que logró vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria del país, estafando con más de 11 millones de pesos entre junio de 2024 y mayo de 2025, según el Ministerio Público.
La organización operaba de manera altamente estructurada y contaba con varios integrantes, algunos aún prófugos.
Durante operativos simultáneos en las provincias San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, fueron arrestados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, transferencias ilícitas y lavado de activos.
Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el tribunal impuso medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, mientras continúan las investigaciones.
Supuesta estafa inmobiliaria: caso Enmanuel Rivera
Otro caso que está en los tribunales es la alegada red de estafa inmobiliaria liderada por el empresario Enmanuel Rivera Ledesma fue desmantelada en enero de 2024, tras operar desde 2019 con proyectos de construcción ficticios para captar fondos de inversionistas, en su mayoría dominicanos residentes en el exterior.
De acuerdo con la investigación, el fraude asciende a más de 700 millones de pesos, y según el Ministerio Público, el dinero fue utilizado por los acusados para financiar una vida de lujos.
Actualmente, Rivera Ledesma, junto a su esposa, hijos, hermana y otros implicados, enfrenta un juicio de fondo por este caso.
La estafa de los abuelos
La "estafa de los abuelos", es una red criminal acusada de estafar a adultos mayores en Estados Unidos, fue desmantelada en el país como parte de la Operación Discovery 3.0.
La organización habría operado durante años desde call centers en territorio dominicano, simulando llamadas de emergencia de supuestos nietos o abogados para engañar a personas mayores y hacer que enviaran dinero. Las víctimas estaban ubicadas en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts, con pérdidas por millones de dólares.
Como resultado de las investigaciones, la Oficina Judicial de la provincia Santiago, dictó ocho meses de prisión preventiva contra Bernardo Taveras Vélez, mientras que otros seis implicados recibieron arresto domiciliario y medidas adicionales, como grilletes electrónicos y garantías económicas.
El Ministerio Público destacó que algunos de los imputados aceptaron parcialmente los hechos, lo que influyó en la decisión judicial. Además, Estados Unidos ha solicitado la extradición de otros miembros vinculados a esta red de estafa internacional.
Caso Investor Winner
La red de estafa conocida como Investor Winner fue desmantelada en 2024 mediante la Operación Gaviota, luego de operar entre 2020 y 2024 con un esquema piramidal que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones.
El grupo, según el Ministerio Público, liderado por Rafael Martínez Batista, su esposa Eridania García Veloz y otros implicados, habrían engañado a más de 330 víctimas en todo el país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o invirtieron sus ahorros bajo falsas promesas.
En agosto de 2025, el MP presentó acusación formal contra 25 personas y 16 empresas, sustentada con 376 testimonios, 19 peritajes y más de 250 pruebas documentales.
Según la acusación, la estructura operó sin autorización legal, utilizando empresas de fachada y redes sociales para atraer víctimas con supuestas inversiones en bolsa, que en realidad eran parte de un fraude tipo Ponzi.
Entre los principales acusados guardan prisión preventiva Rafael Martínez Batista y varios de sus colaboradores, mientras otros cumplen arresto domiciliario o medidas económicas. Además, se solicitó el decomiso a favor de las víctimas de 29 inmuebles adquiridos con fondos fraudulentos.
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Estafa inmobiliaria: Operación Guepardo
La red de estafa inmobiliaria conocida como Operación Guepardo tiene como uno de sus principales cabecillas a Yves Alexandre Giroux, quien enfrenta una prisión preventiva de 18 meses. Según el Ministerio Público, hasta principios de julio se habían recibido unas 300 querellas de afectados.
La red operaba promocionando proyectos inmobiliarios a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando la imagen de la empresa internacional RE/MAX para atraer a sus víctimas.
Durante la investigación, se determinó que los miembros de la organización recibieron aproximadamente 18.8 millones de dólares y se incautaron bienes inmuebles, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentos en varias provincias del país.
Entre los acusados, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco cumplen prisión preventiva, mientras que Loany Ortiz, señalada como otra cabecilla, enfrenta un proceso de extradición en Colombia.
En la actualidad, continúan las audiencias en la fiscalía de la provincia La Romana mientras se avanza en el caso.
La reciente condena de Jairo González y el desmantelamiento de diversas redes de estafa ponen en evidencian los diferentes fraudes financieros que afectan tanto a dominicanos en el país como a personas que residen en el exterior.
En mayo, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, anunció en Nueva York la creación de un registro de proveedor inmobiliario con el objetivo de prevenir estafas en transacciones inmobiliarias en la República Dominicana. Este sistema permitirá a los consumidores verificar en tiempo real el historial de las empresas desarrolladoras, para proteger sus inversiones.
El anuncio fue realizado durante el foro "Protegiendo el sueño dominicano: prevención de estafas inmobiliarias para la comunidad dominicana en el exterior", coordinado por el Defensor del Pueblo, el Consulado General dominicano y otras entidades.
Alcántara también informó que convocará una mesa de trabajo con las principales constructoras para fomentar la transparencia en las relaciones entre proveedores y consumidores en el sector inmobiliario.
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