Tribunal rechaza pedido del MP de prisión a acusados en Operación Domo y le impone otras medidas
Ordenó garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados de piratería digital
Diario Libre
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este domingo medidas de coerción contra seis personas vinculadas a una red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
La jueza Fátima Veloz dispuso las medidas luego de declarar el proceso como complejo. Contrario a lo solicitado por el Ministerio Público —que pedía 18 meses de prisión preventiva—, el tribunal ordenó garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados.
Las garantías impuestas son:
Leonardo Alberto Casci Ocumárez: 7,000,000 de pesos
Raúl Ernesto Guzmán Lora: 7,000,000 de pesos
Keomirys Torres López: 5,000,000 de pesos
Víctor Luis Torres López: 3,000,000 de pesos
Raúl Ernesto Guzmán Croes: 1,500,000 de pesos
Leony Esmeralda Croes: 3,000,000 de pesos
De acuerdo con el Ministerio Público, la red operaba ofreciendo acceso ilegal a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, mediante plataformas de streaming no autorizadas.
Las acusaciones
Las autoridades aseguran que estas actividades violan la Ley 65-00 de Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Durante la audiencia, el órgano acusador sostuvo que la estructura causó pérdidas económicas millonarias tanto a compañías internacionales como al Estado dominicano.
La acusación fue presentada por fiscales de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría contra el Lavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La Operación Domo, ejecutada el pasado 16 de septiembre, fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y contó con la colaboración de varias entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento de Justicia y Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos
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