Tribunal dispone orden de protección para familiares y testigos en caso de masacre en La Barranquita
De los 11 policías, cuatro irán a prisión por tres meses como medida de coerción
A los otros les impusieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida
Diario Libre
Además de las medidas de coerción colocadas a los once agentes de la Policía Nacional por su vinculación con la muerte a tiros de cinco personas, el Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso este martes una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso judicial que se le sigue a los imputados.
El hecho violento se registró el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz acogió la solicitud del Ministerio Público, reconociendo el riesgo que enfrentan quienes han aportado información crucial para la investigación. La decisión busca salvaguardar su integridad física y garantizar su participación en el proceso judicial sin presiones ni amenazas.
El caso también fue declarado complejo.
El tribunal impuso prisión preventiva contra cuatro de los imputados: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Los otros agentes policiales
Para los otros siete agentes, la jueza Yerixa Cabral de la Cruz dictó medidas menos severas: garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Los imputados son procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, todos abatidos en un operativo realizado por los policías, quienes llegaron en tres vehículos y, según la acusación, dispararon sin mediar palabras, en presencia de testigos.
De acuerdo al expediente del Ministerio Público, los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013, se estableció en la solicitud de medida de coerción. Agrega que los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas.
El Ministerio Público sostuvo que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el "objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior".
- El expediente señala que tras cometer el hecho, los agentes le quitaron el teléfono a un testigo que grabó lo ocurrido.
Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar, "así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación".
Agrega que llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.
"Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos", expresó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabezó la audiencia junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña y Yeny Liranzo.
Camacho reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la búsqueda de justicia y subrayó la importancia de proteger a quienes han colaborado con la investigación.
El caso recibió la calificación jurídica provisional como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal, que tipifican asociación de malhechores y homicidio voluntario.
La audiencia extendió por más de seis horas.
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