Se querellan contra el expresidente del Oncológico del Cibao por desvío de fondos
El documento judicial sostiene que se cobraba a las aseguradoras las facturas correspondientes a los pacientes y retenía porcentajes de los pagos
Edward Fernández
El Patronato Cibaeño contra el Cáncer, entidad administradora del Instituto Oncológico Regional del Cibao, presentó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra su expresidente, Héctor Lora Cruceta, y otros miembros de su gestión.
La acción judicial fue depositada por el abogado Joan Newton López, representante legal del Oncológico, en nombre del presidente del Patronato, doctor Iván Alexis Mercader Mateo, ante la magistrada Mirna Ortiz, procuradora general de Corte Titular de la Pepca.
Lora Cruceta, junto a su exesposa Dilcia I. Vargas Sánchez y su esposa actual Luisa Yasiris Guzmán de Lora, son acusados de encabezar una red que habría desviado fondos millonarios y cometido irregularidades en la aplicación de medicamentos de alto costo a pacientes con cáncer.
Según la denuncia, el grupo habría conformado una estructura que operaba a través de la empresa Lora Vargas & Asociados, posteriormente renombrada Vargas Guzmán Accounting Center SRL, y de la Fundación Tocaterd, con el propósito de apropiarse de recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos.
Se facturaban hasta cinco fármacos cuando solo se aplicaban dos
El documento judicial sostiene que la red cobraba a las aseguradoras las facturas correspondientes a los pacientes y retenía porcentajes de los pagos, a pesar de que el Instituto Oncológico es una entidad sin fines de lucro.
Asimismo, se señala que los responsables inflaban las facturas de medicamentos de alto costo, reportando ante el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otras ARS el uso de hasta cinco fármacos, cuando en realidad a los pacientes solo se les aplicaban dos.
"Eso perjudicaba tanto al seguro como al paciente, porque se agotaban coberturas de uno o dos millones de pesos sin haber recibido el tratamiento completo", explicó el abogado López, quien dijo que las investigaciones buscan determinar el destino de los medicamentos restantes.
La querella también acusa a Lora Cruceta de haberse autodesignado un salario de 600 mil pesos mensuales bajo el concepto de "gastos de representación", a pesar de que los estatutos del Patronato establecen que los cargos directivos son honoríficos y no remunerados.
La administración de Héctor Lora dejó una deuda que supera los 800 millones de pesos.
Como medios de prueba, el Patronato presentó memorias USB con documentos contables.
Los hechos denunciados podrían constituir violaciones a los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 2 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Edward FernándezEgresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.