¿Qué posibilidades tiene Pablo Ross de obtener la libertad condicional?
Jueza de Ejecución de la Pena decidirá este martes si acoge la solicitud del comunicador
Marisol Aquino
El comunicado Pablo Timoteo Ross Gómez, conocido en los medios como Pablo Ross, cumplió en septiembre siete de los 10 años de prisión que se le impuso por haber sido hallado culpable de violar a su hijastra desde los 12 años de edad.
"Que haya cumplido la mitad de la pena impuesta" es uno de los requisitos que establece la Ley 164-80 para un condenado solicitar la libertad condicional y parte de los alegatos del popular mercadólogo que busca salir de la cárcel Najayo –Hombres, de San Cristóbal.
La jueza Licelot P. Casado, del Segundo Juzgado de Instrucción de San Cristóbal y jueza interina en el Juzgado de Ejecución de la pena fijó para este martes 11 de noviembre el fallo sobre la solicitud de Ross.
Posibilidades de que salga de prisión, según abogado
El abogado Moisés Fontanilla dice que Ross "cumple todo con respecto a la Ley 164-80" sobre libertad condicional porque, además de tener más de la mitad de la pena cumplida, llena el segundo requisito, que es haber resarcido a la víctima por daños y perjuicios.
Hasta que se hizo pública la acusación de incesto, al popular comunicador social también se le impuso una condena civil de 2 millones de pesos.
La voz de Ross se hizo sonora a través de varios programas radiales, entre ellos el Gobierno de la Mañana, en la Z101; en El Matutino y CDN Radio.
Su representante legal, Julio Cury, dijo que el sentenciado pagó el resarcimiento económico que los tribunales le impusieron.
"Si no lo ha pagado (la parte civil) no tiene el derecho (de la libertad condicional)", indica Fontanilla.
Explica que el arrepentimiento "es una apreciación" y que los jueces de Ejecución de la Pena lo que toman en cuenta "es la capacidad que tiene la persona de reinserción".
Fontanilla sostiene que el juez valora la preparación académica durante prisión, que el recluso haya hecho labores comunitarias en el centro y, "el otro elemento es su situación actual que puede ser de salud" y que pudiera impedir a la persona no volver a la condición de reincidir en el delito o crimen.
Aunque Cury, abogado de Ross, afirma que el interno tiene cáncer de próstata con metástasis en huesos y pulmones, el fiscal del caso, Eduardo Velázquez, dijo que los estudios que supuestamente certifican la enfermedad, "nunca" fueron presentados.
Velázquez explicó en octubre que los documentos médicos debieron ser retirados porque, de lo contrario, la audiencia tenía que aplazarse para dar tiempo a que se notificaran las partes, lo que evitaba que se concluyera en la última audiencia y en la que la jueza se reservó el fallo.
"En término general, él cumple totalmente, a mi juicio, con esos predicamentos de naturaleza legales y situacionales", considera Fontanilla, pero que la magistrada también tomará en cuenta la posición de la víctima que, aunque ya es adulta, es representada por su madre, así como la del Ministerio Público.
La violación sexual a menores de edad es castigada actualmente con penas de 10 a 20 años de prisión, la cual fue aumentada "con veinte a treinta años" en la nueva Ley del Código Penal 74-25 que empezará a ponerse en vigencia a partir de agosto del 2026.
Fontanilla entiende que, por la parte humana, el Ministerio Público debió solicitar una evaluación a los documentos para verificar si son ciertas.
Concluyó que en la parte de la capacidad de reinserción, debe haber una evaluación de su condición física, como mental para reinsertarse a la sociedad.
Legislación actual no establece seguimiento
De acogerse la solicitud de libertad condicional, Ross estará en un "medio de prueba" en el que el juez de la Ejecución de la Pena le dará seguimiento durante el tiempo que le resta para cumplir su condena.
Sin embargo, después de concluir la totalidad de la sentencia las legislaciones actuales no contemplan algún seguimiento, sobre todo en lo que tiene que ver a un registro de depredadores sexuales que hayan cumplido sentencia como lo tienen otros países.
En septiembre, un niño de 10 años fue raptado, abusado sexualmente y asesinado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, por un hombre de 57 que ha había sido condenado por violar a otro menor en el 2009 y había salido de prisión.
El Código Penal aprobado en este año y que entrará en vigencia en el 2026 sí incluye, en el número 8, del artículo 29, la "inscripción en el registro de agresores sexuales, el cual estará administrado por el Ministerio Público", de las personas que hayan purgado pena por ese crimen.
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.