Discurso íntegro de Luis Henry Molina en el Día del Poder Judicial
La Suprema Corte tenía casos pendientes desde 1982 y audiencias demoradas hasta cinco años, dijo Luis Henry Molina
Diario Libre
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, realizó este miércoles, día del Poder Judicial, un discurso solemne en el que evaluó el punto inicial al inicio de su gestión y los resultados de la gestión del Poder Judicial entre 2019 hasta el año 2026.
A continuación el discurso íntegro de Molina.
¡En nombre de la República!
Cada enero, al conmemorar el Día del Poder Judicial, repetimos esta frase solemne, esencia de nuestra misión y de nuestro mandato.
Decir "en nombre de la República" es afirmar que la justicia dominicana es justicia constitucional, legal y republicana, al servicio de la dignidad de las personas y no subordinada a ideologías o intereses particulares. Esa es la base neutral que garantiza la igualdad, la imparcialidad y la confianza pública.
Por eso, nuestra justicia se inspira en los valores y símbolos de la Nación y los preserva dentro de la solemnidad institucional que les corresponde, para que los tribunales sigan siendo un espacio común, incluyente y confiable para todos.
Este año, al mirar atrás, lo hacemos con la conciencia de quienes han recorrido juntos un camino arduo y decisivo.
Transformar la justicia demanda visión de Estado, disciplina y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y la democracia. Es una tarea exigente, pero ha sido posible; no se alcanza de una vez y por todas, pero fue posible avanzar de manera sostenida.
I. Antecedentes de la gestión y situación en 2019
A partir de la reforma constitucional de 1994, la República Dominicana ha dado pasos de gigante en la modernización de su sistema judicial.
Estos avances han sido fruto de la creciente madurez política del país, traducida en el sostenimiento duradero de los consensos cívicos.
Acontecimientos de relevancia dieron apertura a un tiempo nuevo para la justicia: la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la reforma procesal penal, la modernización del Registro Inmobiliario, la puesta en funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la reforma constitucional de 2010, que estabilizó la carrera judicial.
Aun con estos logros, el Poder Judicial siguió enfrentando desafíos arraigados durante décadas: la congestión en los tribunales y el retardo en las decisiones que afectan la vida de la gente y el desarrollo del país.
A lo largo del tiempo, se ejecutaron planes relevantes, pero ninguno consiguió resolver la raíz de este atraso histórico.
El 2019 nos encontró en un punto crítico:
a. Según el Latinobarómetro, solo el 21% de nuestra gente confiaba en la Justicia.
b. Retrocedimos cinco posiciones, del puesto 90 al 95 en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
El problema más evidente estaba en la propia Suprema Corte de Justicia: nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse y algunos llevaban pendientes desde 1982. Para fijar la primera audiencia podían transcurrir hasta cinco años.
En los demás tribunales, el panorama era incierto y difícil de medir, porque las estadísticas judiciales tardaban hasta dos años en consolidarse.
A ello se sumaba un uso desproporcionado del tiempo jurisdiccional en asuntos administrativos.
De los más de 550 mil casos ingresados al sistema en 2019, casi la mitad correspondía a asuntos administrativos o graciosos, que por lo general no implican ningún conflicto entre partes ni justifican la intervención de un juez.
En la materia penal, de alta sensibilidad social, había poca coordinación entre los operadores del sistema y pocos casos concluían en acuerdo.
La atención judicial era totalmente presencial, lo que obligaba a trasladarse a una de las 219 sedes judiciales para cualquier trámite.
Los servicios para los más vulnerables presentaban serias carencias: los centros de entrevista forense no funcionaban en todos los departamentos judiciales y su cobertura era limitada. No incluía a las mujeres víctimas de violencia, las cuales eran revictimizadas. En casos extremos, como el de una niña víctima de violación en Pedernales, era necesario viajar hasta San Cristóbal para que el proceso avanzara.
La transparencia también presentaba importantes retos.
La información administrativa era limitada y se publicaba con retraso, lo que situaba el índice de transparencia del Poder Judicial en apenas un 41%.
Solo las sentencias de la Suprema Corte de Justicia se publicaban periódicamente, aunque con rezago.
Ese era el punto de partida: un sistema con cimientos valiosos, pero necesitado de una transformación profunda y sostenida.
II. Logros de la gestión
Ante este panorama, el Poder Judicial asumió una reflexión y un compromiso claro.
Por supuesto, esta transformación no ocurrió en soledad, sino en coordinación con los demás poderes del Estado y la comunidad jurídica nacional e internacional.
Ese diálogo definió la ruta recorrida, y guiada por un objetivo común: una justicia a la altura de la República y de la dignidad de su gente.
III. Justicia al Día: 0% Mora
El primer objetivo fue erradicar la mora, una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad.
Hoy, en la Suprema Corte de Justicia, esa realidad ha cambiado de manera sustancial: el 90% de los casos se resuelve en un año o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo del país.
a. 12 meses promedio en materia civil y comercial.
b. 6 meses en inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral.
c. 3 meses en materia penal para el 80 % de los casos.
d. Y 24 horas en los procesos de extradición.
Se dice rápido, pero lo cierto es que hemos eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, instaurando una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo.
Con humildad decimos que la Suprema Corte de Justicia modela el rigor que anima al sistema. Por consiguiente, la lucha contra la tardanza se ha extendido a todos los tribunales.
Hoy, con gran satisfacción podemos afirmar que el 87 % de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se encuentra actualizada en línea.
Sin embargo, aún persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria.
De los 11 departamentos judiciales sólo Santo Domingo no alcanza el 80% de tribunales al día, lo que marca hoy nuestra prioridad de trabajo más inmediata.
Los asuntos administrativos se redujeron del 49 al 36 % del total de casos, lo que da a los jueces más espacio para cumplir su función constitucional de decidir sobre los conflictos entre las personas.
Todo esto constituye un logro país; por ello es justo agradecer la labor del Congreso Nacional, pues estos resultados no habrían sido posibles, ni sostenibles, sin tres leyes importantes:
a. la Ley que habilita y regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial;
b. la Ley sobre Recurso de Casación; y
c. la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
Por igual, cabe reconocer la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo para la simplificación y aceleración de trámites.
En torno al sistema penal, trabajamos junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos para la solución temprana y no adversarial. El programa que inició en la provincia Hermanas Mirabal demostró que sí se puede: Pasamos de un 13 a un 75% de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del pasado año.
Esta es la única manera en que un sistema acusatorio puede cumplir su cometido.
Las recientes reformas a la justicia penal representan un gran reto, pero también una oportunidad que debe ser aprovechada para eficientizar y humanizar el sistema. En especial, para mejorar los plazos del proceso penal que aún no se cumplen, lo que afecta a las víctimas y a los privados de libertad.
IV. 100% Acceso: digitalidad al servicio de las personas
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables.
Por ello, abrimos seis nuevos Centros de Entrevista Forense con los cuales ya cubrimos todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
Además, la ciudadanía puede orientarse y consultar a través de la JURISTECA, gestionada por la Escuela Nacional de la Judicatura, nuestro repositorio público de jurisprudencia, y de LEIA, nuestra asistente virtual.
Avanzamos hacia un ecosistema de acceso integrado, para hacer realidad una justicia a un clic de distancia. Un modelo que reunirá en un sólo punto: información, servicios y seguimiento de los casos, con tramites digitales, estadísticas en tiempo real, acceso a la jurisprudencia y validación de documentos, de forma clara, sencilla y oportuna.
El Registro Inmobiliario dio un salto hacia un servicio más ágil, seguro y cercano a las personas. Se habilitaron herramientas digitales como las Alertas Registrales y la interoperabilidad con los tribunales, que simplificaron trámites, y redujeron tiempos, fortaleciendo la protección del derecho de propiedad.
Somos conscientes de que todavía hay situaciones que enfrentar, para consolidar la digitalización como herramienta a disposición de las personas y las instituciones, con el fin de proveer mejores servicios. Por eso, redoblamos nuestros esfuerzos cada día.
En cuanto a la infraestructura, nuestro concepto evolucionó. Estamos pasando de edificios a centros de servicios centrados en las personas.
Gracias al apoyo decidido del Poder Ejecutivo y a la visión transformadora de los integrantes de nuestra institución pusimos en funcionamiento la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, un nuevo paradigma de servicio. Eso es la justicia del futuro.
Aquí debo detenerme y ser enfático:
La que era la peor infraestructura judicial del país, es hoy de las más modernas y dignas de la región.
En la misma ruta, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones trabaja arduamente para entregarnos, en este año 2026, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste e iniciar la del Distrito Nacional.
Todo esto representa mayor acceso, pero, sobre todo, es más dignidad para los ciudadanos, los servidores y actores del sistema de justicia.
V. Transparencia, confianza y liderazgo global
La ciudadanía no exige perfección, exige honestidad. La transparencia es el cimiento moral sobre el cual se edifica la confianza pública. Sin ella, los mejores avances se vuelven invisibles; con ella, incluso los pasos pequeños, se convierten en señales de rumbo.
Por primera vez alcanzamos el 100 % en el índice de transparencia. Esto no mide trámites administrativos; mide confianza recuperada.
Los informes anuales de desempeño de los jueces de la Suprema Corte se presentan en plazo, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Este gesto, sencillo en apariencia, rompió décadas de tradición y estableció un estándar: los jueces también rendimos cuentas.
Creamos el Observatorio del Poder Judicial, donde el desempeño de cada tribunal está disponible en datos abiertos. Por primera vez, cualquier ciudadano puede mirar cómo avanza la justicia en su comunidad.
Demostramos que es posible poner en funcionamiento un escalafón judicial, como herramienta de independencia y armonía interna.
Reforzamos el sistema de incentivos y la evaluación del desempeño, vinculándolos al servicio prestado a la ciudadanía.
Aprobamos un Código de Comportamiento Ético reconocido internacionalmente y fortalecimos espacios preventivos de reflexión ética.
Más de 400 mil decisiones de todos los tribunales, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los juzgados de paz, están en línea en la JURISTECA.
Ese acceso universal cambia la forma de estudiar el Derecho, de litigar y de entender a nuestros jueces.
La jurisprudencia casacional, además, es revisada en un anuario que hoy figura en los principales repositorios internacionales.
Hoy, se puede ver cómo se falla, cómo evolucionan los criterios y cómo se construye el derecho a partir de los casos. Eso permite estudiar y enseñar un derecho vivo, fortalecer la seguridad jurídica y hacer que la justicia sea más clara y previsible.
Gracias a estas y otras iniciativas, somos un Poder Judicial más abierto y comprensible para la ciudadanía.
VI. El legado: un Poder Judicial líder a nivel internacional
Lo más importante de la transformación es su impacto directo en la fe del ciudadano y en los beneficios de la seguridad jurídica para el desarrollo económico y social.
Según el Latinobarómetro, duplicamos los niveles de confianza desde 2019.
Fuimos el país que más avanzó en el índice global de Estado de Derecho 2025, del World Justice Project, y en total escalamos 20 posiciones desde 2019.
Estas conquistas han sido posibles gracias a la entrega, el compromiso y la integridad de las juezas y los jueces, así como de los servidores judiciales que sostienen día a día el funcionamiento del sistema. Para ellos, les pido un fuerte aplauso.
VII. La Justicia del Futuro: el siguiente nivel
La justicia que tenemos hoy es la base sobre la que debemos seguir avanzando para enfrentar los desafíos que persisten.
Las reformas iniciadas deben completarse y consolidarse. Los adelantos nunca son definitivos. Viejos retos resurgen, otros nuevos aparecen. Siempre podemos hacerlo mejor.
Por esto impulsamos el Plan Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta hacia:
a. Una justicia sin mora, con casos resueltos en un año o menos en todos los tribunales;
b. Plenamente accesible, con todos los servicios en línea e interoperables;
c. Sin barreras geográficas, económicas, sociales ni culturales;
d. En la que los más vulnerables confíen, porque reciben un trato digno;
e. Una justicia pensada para las personas, que consolida la visión de Justicia Abierta mediante una comunicación clara, asertiva, con espacios de participación, transparencia e innovación;
f. Con jueces respaldados por una carrera estable que premia el mérito y garantiza su independencia;
g. Que ofrece seguridad jurídica y promueva el desarrollo nacional;
Una justicia que es puente seguro para quienes buscan amparo y escudo firme para quienes necesitan protección.
Una justicia de la que todos podamos sentirnos orgullosos.
Esa es la justicia que merece la República.
Queridos conciudadanos: la justicia ya no es un ideal lejano; es una obra en marcha. Y no debe detenerse.
Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan.
Una justicia que actúa siempre en resguardo de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales y del debido proceso como garantía esencial del Estado de Derecho.
Una justicia capaz de sostener nuestra cultura y valores.
Porque somos conscientes de que la fortaleza de nuestra democracia y la preservación de nuestras instituciones no se heredan ni se improvisan: se construyen cada día, con independencia, legalidad y respeto absoluto a la dignidad humana.
Que la justicia garantice la dignidad, la libertad y la igualdad de cada habitante de esta noble tierra
En nombre de la República, ¡Qué así sea!
Muchas gracias.
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