Hacienda deja en manos de la PGR pago de sentencia firme por RD$1.13 millones a Cury & Cury
El conflicto, sin embargo, todavía tiene consecuencias económicas pendientes de determinación judicial
Diario Libre
El Ministerio de Hacienda y Economía remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente para el pago de RD$1,132,800 ordenado por una sentencia judicial firme a favor de la firma Cury & Cury, en un litigio originado por servicios legales que, según la documentación del caso, permanecen pendientes de pago desde 2020.
La decisión coloca ahora directamente en manos del Ministerio Público el cumplimiento de la condena. Hacienda argumentó que la institución posee autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y dispone de una asignación propia dentro del Presupuesto General del Estado.
La comunicación MHE-2026-033877, fechada el 9 de septiembre, fue emitida después de que la firma acudiera al procedimiento establecido para procurar el cumplimiento de la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370, dictada el 7 de abril de 2025 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Según la documentación suministrada por Cury & Cury, la decisión adquirió posteriormente autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El caso trasciende el monto reclamado porque plantea nuevamente el problema de cómo se ejecutan las sentencias económicas definitivas contra organismos públicos.
La Ley 86-11 establece que las condenas que obligan al Estado y a organismos públicos a pagar sumas de dinero deben ser satisfechas con cargo al presupuesto de la institución afectada. Si en el ejercicio correspondiente no existen recursos suficientes, la normativa dispone la realización de las previsiones para incorporarlas al presupuesto siguiente.
En 2018, Hacienda reglamentó ese procedimiento mediante la Resolución 198-2018, que establece los requisitos y la documentación que deben presentar los beneficiarios de sentencias firmes para procurar su inclusión en el Presupuesto General del Estado.
En este caso, Hacienda fundamentó la remisión directa del expediente en la autonomía del Ministerio Público. Esa independencia presupuestaria está reconocida por el artículo 170 de la Constitución y por la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la institución administra de manera autónoma los recursos que recibe del Presupuesto General del Estado.
Para 2026, el Ministerio Público tiene asignados RD$9,308.3 millones, luego de la transferencia de varias funciones al nuevo Ministerio de Justicia.
La condena de RD$1.13 millones tampoco cerraría completamente el conflicto.
Cury & Cury solicita que el tribunal actualice el monto tomando en cuenta la pérdida de valor adquisitivo acumulada desde 2020. La firma sostiene que pagar seis años después exactamente la misma cantidad reconocida originalmente reduciría en términos reales el crédito.
"Una deuda del 2020 no representa económicamente lo mismo seis años después, y el transcurso de tanto tiempo no puede terminar beneficiando precisamente a quien incumplió", afirmó Julio Cury.
Además del principal, según la documentación aportada por la firma, la sentencia condenó a la PGR al pago de daños y perjuicios, que todavía deben ser liquidados judicialmente, y de las costas del procedimiento. Por tanto, los RD$1,132,800 no representarían necesariamente la suma final que deberá desembolsarse.
El 11 de agosto de este año, Cury & Cury presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones específicas de la Resolución 198-2018 de Hacienda, la norma que regula el procedimiento administrativo de pago de sentencias irrevocables contra el Estado.
El expediente quedó registrado como TC-01-2026-0061. El registro público del Tribunal Constitucional confirma la acción, aunque no permite establecer que haya sido interpuesta exclusivamente a raíz de este litigio con la Procuraduría.
El Tribunal Constitucional ha sostenido previamente que el derecho a la ejecución de una sentencia forma parte de la tutela judicial efectiva y ha señalado que los procedimientos administrativos establecidos para pagar condenas contra instituciones públicas no deben convertirse en obstáculos para su cumplimiento.
Hasta el momento no se ha identificado una respuesta pública reciente de la Procuraduría sobre este reclamo específico.
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