VIDEO | Testimonio de un menor aplaza la medida de coerción en caso de mujer acusada de matar a su cuñada
El abogado de la familia de la víctima indicó que la decisión de aplazar la audiencia fue consensuada para garantizar la correcta instrucción del caso
Fue aplazada para el próximo martes la audiencia de medida de coerción contra Rafaela Carpio Báez, acusada de causar la muerte de su cuñada, Yafreisy Martínez Areche, durante un incidente ocurrido en La Otra Banda, Higüey.
La audiencia estaba pautada para este martes 29 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, bajo la presidencia de la magistrada Evelin Cabrera Ubiera, de acuerdo con el rol de audiencias.
El abogado de la familia de la fallecida, Ramsés Minier Cabrera, señaló que la audiencia fue aplazada para conocer una medida de instrucción relacionada con una Cámara Gesell, mediante la cual se busca escuchar la versión de un menor de edad que supuestamente presenció la situación.
- Manifestó que estaban de acuerdo con dicha decisión.
"Sobre el caso no puedo decir mucho porque no he leído la medida y la quiero leer en tiempo prudente; vi que solicitó prisión el Ministerio Público, pero el próximo martes puedo dar mayores detalles", expresó.
De acuerdo con el rol judicial, Carpio Báez figura como imputada y arrestada, mientras que Yafreisy Martínez Areche aparece como víctima fallecida. También figura Starlin Andrés Martínez Grullón como víctima en condición de libertad.
El abogado de la imputada, Andy de León, sostuvo que no puede revelar los alegatos ni detalles de las investigaciones realizadas por la defensa, debido a que el proceso se encuentra en una etapa muy temprana y deben mantener la reserva de la investigación.
En relación con el motivo del aplazamiento, explicó que se pospuso para conocer en Cámara Gesell la versión de un menor de edad que supuestamente estaba presente al momento del hecho.
"La misma será conocida el próximo martes y luego se va a proceder a conocer la medida de coerción", apuntó.
Señaló que, después de esa diligencia, podrá ofrecer mayores detalles sobre el caso.
El abogado también indicó que la imputada se entregó de manera voluntaria inmediatamente después de ocurridos los hechos y que, desde el principio, su postura ha sido dar la cara, enfrentar el proceso y colaborar en todo lo posible con la investigación.
Al ser cuestionado sobre la hipótesis de que la imputada supuestamente actuó en defensa propia, sostuvo que esa es la versión que se maneja hasta el momento, pero que no puede profundizar en los detalles porque la investigación se encuentra en una etapa temprana.
Contexto legal
Sobre el motivo que habría provocado el incidente entre la víctima y la imputada, dijo desconocer exactamente cómo ocurrieron los hechos.
Según el rol de audiencias, el proceso está identificado con el número único 2026-0348342 y el número de trámite 2026-0348342-001. La calificación jurídica consignada corresponde al artículo 92, ordinal 6, de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, así como a los artículos 86 y 87 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El artículo 92 de la Ley 74-25 establece el homicidio agravado y contempla una pena de 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en esa disposición. Su ordinal 6 contempla el caso en que el homicidio se cometa contra un pariente colateral en segundo grado.
Por su parte, el artículo 86 de la Ley 631-16 establece sanciones para quien porte determinadas armas o instrumentos prohibidos por la legislación, con una pena de uno a dos años de privación de libertad y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, además de la ocupación y confiscación de esos objetos.
El artículo 87 dispone la ocupación y destrucción de puñales, estoques, verduguillos, estiletes y otros instrumentos cortantes, punzantes o contundentes destinados a ser utilizados contra las personas.
La audiencia fue aplazada para el próximo martes, cuando primero se conocerá la diligencia relacionada con la Cámara Gesell y posteriormente la medida de coerción.



Patricia Heredia