Criminalización del aborto en el país: informe revela 68 casos judicializados entre 2016 y 2023
También expone que entre 2019 y 2024, más de 67,000 abortos ocurrieron en la red pública de salud
Recomienda "la despenalización total del aborto, o sea, su salida del Código Penal"
Harolyn Gavilán
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-RD) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) presentaron el documento "Podría ser yo: Informe nacional sobre aborto y criminalización en la vida de las mujeres en República Dominicana", en el que documentan que "el aborto sí es objeto de persecución penal, investigación y judicialización en el país".
Según el informe, "su permanencia en el Código Penal tiene efectos negativos adicionales sobre las mujeres, que resultan criminalizadas cuando tratan de acceder a servicios obstétricos esenciales".
Entre los años 2016 y 2023, la Procuraduría General de la República registró 68 casos de aborto, indica el informe, basándose en datos oficiales.
- De ellos, entre 2016 y 2018, el Poder Judicial dio entrada a 33 casos y salida a 32 en los cuales el Ministerio Público solicitó medidas de coerción por supuesta violación al artículo del Código Penal, que penaliza el aborto.
Además, señala que entre 2016 y 2019 ingresaron a tribunales penales de primera instancia 22 casos y se emitieron decisiones en 14 de ellos. Según el informe, "es posible inferir que el Ministerio Público actúa y pone la acción penal en marcha en más del 50 % de los casos de aborto que llegan a su conocimiento".
Abortos en hospitales
El documento destaca que aunque no existe un registro oficial completo sobre abortos inducidos debido a su clandestinidad, los datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) y del Ministerio de Salud Pública contabilizan al menos 67,455 abortos en la red pública de salud entre 2019 y 2024.
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Mujeres criminalizadas
El documento expone cuatro casos de mujeres criminalizadas por aborto, identificadas con los nombres ficticios de Azucena, Amarilis, Orquídea y Dalia. Tres de ellas tenían entre 30 y 35 años, y una tenía 25 años, todas en condición de pobreza o pobreza extrema, con trabajos precarios y una estaba desempleada.
"El estigma asociado al aborto y por consiguiente a la mala maternidad, es la base que fundamenta la cadena de decisiones tomadas por el sistema de justicia en los cuatro casos de estudio", refiere el informe.
Apunta que en todos los casos, las mujeres fueron detenidas y privadas de libertad sin consideración a las condiciones del postparto y fueron recluidas en cárceles con "deficiencias sanitarias que ponían en riesgo su salud".
Las abogadas de la defensa señalaron que "el factor central que incide en la persecución penal del aborto es su tipificación como delito de acción pública y sin excepciones", lo que obliga al Ministerio Público a actuar ante una denuncia, particularmente cuando proviene del sistema de salud, establece la documentación.
El informe menciona varias veces que, "a pesar de que existía la posibilidad de archivar los casos por falta de pruebas o aplicar un criterio de oportunidad, el Ministerio Público decidió proceder, asignando recursos humanos y tecnológicos. En dos de los casos, el arresto ocurrió mientras las mujeres estaban aún hospitalizadas".
Desigualdad de género
Aunque República Dominicana es uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina, el informe señala que "es uno de los países con mayor desigualdad social y de género".
- Según el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Pnud, el país se ubica en el puesto 107 de 166 países, con una pérdida del 41.8 % del potencial de desarrollo humano debido a las brechas de género.
Los datos de salud reproductiva muestran que por cada 1,000 nacidos vivos, 63 madres tienen entre 15 y 19 años, y la mortalidad materna alcanza las 90 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, ubicando al país entre los 10 con mayores tasas en la región.
Recomendación
El informe concluye con la recomendación de "la despenalización total del aborto, o sea, su salida del Código Penal, y su regulación a partir de normas sanitarias o leyes en salud, que establezca un acceso por plazos en condiciones seguras".
El acceso al aborto legal y seguro es considerado por Cladem-RD y NAM como un derecho humano. Su denegación, afirman, constituye "una violación del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la salud, y la igualdad y no discriminación".
También, el documento destaca que los datos nacionales sobre embarazo adolescente, mortalidad materna e incidencia del aborto "demuestran la inefectividad de la penalización como estrategia para su prevención" y que, por el contrario, "impide que las mujeres tengan acceso a atención obstétrica que puede salvar sus vidas y mantener su salud".
Informe completo:
Harolyn GavilánPeriodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
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