Entre el hacinamiento y el olvido: una mirada al sistema penitenciario dominicano
Los llamados "cementerios de hombres vivos" que predominan en la República Dominicana

En su obra "Las cárceles, el último eslabón del sistema de justicia penal", el ex procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, traza una radiografía del sistema penitenciario dominicano. A través de un recorrido histórico y jurídico, coloca sobre la mesa una realidad persistente: la crisis estructural que afecta a las cárceles del país, marcada por el hacinamiento, el abandono y la fragilidad institucional.
El análisis parte desde los orígenes del sistema carcelario nacional, con la emblemática Fortaleza Ozama, construida entre 1502 y 1507. Aunque inicialmente concebida como instalación militar, pronto se convirtió en centro de detención. Sus muros acogieron a figuras clave de la historia dominicana y del continente: desde Cristóbal Colón y sus hermanos Diego y Bartolomé, hasta Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros próceres de la independencia. Incluso presidentes como Jacinto Peinado y Horacio Vásquez pasaron por sus celdas.
Siglos después, el rostro de la reclusión tomaría una forma mucho más cruda. La Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada el 16 de agosto de 1952, se convertiría en uno de los principales símbolos del colapso penitenciario. Durante los "Doce Años" del gobierno de Joaquín Balaguer, el penal alcanzó notoriedad bajo la etiqueta de "cementerio de hombres vivos". Diseñada para albergar 1,200 internos, llegó a concentrar en momentos críticos a más de 7,000 personas, según detalla Jiménez Peña. Una sobrepoblación que aún persiste, transformando el centro en un punto neurálgico de los desafíos que enfrenta el sistema.
Otro eslabón clave en esta cadena es el penal del 15 de Azua, una prisión con más de ocho décadas de funcionamiento. Construido en 1940, este recinto acoge a internos considerados de alta peligrosidad, en su mayoría reincidentes, provenientes de distintas provincias. Según el exprocurador, las condiciones dentro del penal, caracterizadas por altas temperaturas y un entorno hostil, lo convierten en un escenario donde la vulnerabilidad del recluso es constante y palpable.
Más allá de las condiciones físicas de detención, en "Las cárceles, el último eslabón del sistema de justicia penal", también llaman la atención sobre un tema fundamental: el derecho a la salud. Jiménez Peña subraya que, pese a su situación de privación de libertad, las personas internas conservan sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a una atención médica digna y de calidad. De hecho, la responsabilidad del Estado se incrementa al asumir la custodia de estos ciudadanos, debiendo garantizar condiciones adecuadas tanto en el plano físico como en el mental.
El texto señala que esta obligación no es opcional ni discrecional. Está respaldada por tratados internacionales y por el propio marco constitucional dominicano.
En consecuencia, los internos no solo deben recibir la misma atención médica que el resto de la población, sino que además requieren un trato diferenciado, que reconozca su situación.
Sistema carcelario actual
A marzo de 2025, las cárceles del país albergaban a 24,671 personas privadas de libertad, por encima de la capacidad instalada, que apenas alcanza las 15,701 plazas.
- De esa población, 15,276 personas estaban en prisión preventiva, representando más del 60 % del total de internos, y superando ampliamente a quienes cumplen condena.
Actualmente el Gobierno trabaja en la conclusión de la primera etapa de cárcel Las Parras, a la que llevarán los presos de la cárcel de La Victoria.
Este mes, también anunció la apertura de un proceso de licitación pública para la construcción de diez nuevos centros penitenciarios en distintas provincias del país, con una inversión estimada de 7,541,853,662.80 pesos. La medida forma parte del plan oficial para enfrentar la sobrepoblación carcelaria y mejorar la infraestructura penitenciaria.