Abogados de recurso contra prohibición relaciones LGBT advierten decisión vincula a todo el Estado
El Tribunal Constitucional concluyó que estas normas se basaban en una visión discriminatoria y estigmatizante
Diario Libre
La sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó las sanciones penales contra policías y militares por sostener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no solo supone un avance en igualdad y dignidad: es una decisión vinculante y obligatoria para todos los poderes del Estado, sus instituciones, autoridades administrativas y también para particulares, recordaron los abogados accionantes del proceso, Patricia M. Santana Nina y Anderson Javiel Dirocie De León.
El fallo —la Sentencia TC/01225/25, del 18 de noviembre de 2025— declaró inconstitucionales los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que imponían hasta dos años de cárcel por relaciones homosexuales, incluso consensuadas y fuera de servicio.
El Tribunal concluyó que estas normas se basaban en una visión discriminatoria y estigmatizante, y que constituían una grave intromisión en la intimidad, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad. También sostuvo que las sanciones no guardaban relación con la disciplina policial o militar y resultaban incompatibles con los artículos 7, 38, 39, 43 y 44 de la Constitución.
“Debe cumplirse por todos, sin excepción”
La abogada Patricia M. Santana Nina resaltó, de acuerdo con el comunicado, que “se marca un paso firme para que tanto estas instituciones como cualquier órgano público o privado y cualquier particular adecúen sus normas y prácticas, para garantizar que ninguna persona sea discriminada o sancionada por su orientación sexual.”
Santana subrayó que, al tratarse de una sentencia del Tribunal Constitucional, su cumplimiento es obligatorio y vinculante, por lo que ninguna entidad estatal, empresa o persona puede mantener reglamentos o políticas que contradigan lo dispuesto por el fallo.
Por su parte, el abogado Anderson Javiel Dirocie De León señaló que el impacto del fallo es amplio y directo:
“Este resultado favorable constituye el primer litigio de impacto general en beneficio de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI. El camino aún es largo, pero esta decisión, de carácter vinculante, establece un precedente histórico contra la discriminación por orientación sexual”.
Señalamientos previos y respaldo internacional
Durante el proceso, organizaciones nacionales e internacionales —entre ellas Human Rights Watch— advirtieron que los artículos cuestionados permitían expulsiones, sanciones y hasta prisión por conductas privadas y consensuadas. Alertaron que estas disposiciones violaban compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el país.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta el 28 de junio de 2024 por Santana y Dirocie, con apoyo de diversos amicus curiae que coincidieron en que las normas no podían subsistir dentro del marco constitucional vigente desde 2010.
Efecto inmediato
El Tribunal Constitucional reiteró en la sentencia que sus decisiones tienen fuerza obligatoria erga omnes, lo que implica que ninguna institución podrá mantener o aplicar sanciones basadas en la orientación sexual de policías, militares o cualquier ciudadano.
El fallo no solo deroga las disposiciones cuestionadas, sino que exige una revisión completa de los reglamentos internos de las fuerzas del orden y de cualquier normativa pública o privada que pueda reproducir prácticas discriminatorias.
Con esta sentencia, República Dominicana elimina una de las restricciones más antiguas y controversiales dentro de los cuerpos armados y sienta un precedente que deberá ser observado y respetado en todo el país.
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