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Centro penitenciario de Anamuya entra en su fase final antes de ser entregado

La infraestructura tendrá capacidad para 560 privados de libertad

Roberto Santana advierte que cerca del 65 % de la población penitenciaria del país permanece en prisión preventiva

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Centro penitenciario de Anamuya entra en su fase final antes de ser entregado
El nuevo centro penitenciario contribuirá a reducir la presión carcelaria en la provincia La Altagracia. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

El nuevo centro penitenciario de Anamuya, en la provincia La Altagracia, se encuentra en la etapa final de construcción. Los responsables del proyecto esperan concluir los trabajos y realizar la entrega definitiva durante este mes de noviembre, informó este martes Leonardo Carvajal Escobar, director de la obra.

El complejo ocupa una superficie aproximada de 9,000 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar a 560 personas privadas de libertad, distribuidas entre 488 hombres y 72 mujeres.

Carvajal Escobar explicó que la obra forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario dominicano. Precisó que su ejecución se desarrolló bajo los lineamientos establecidos y en cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente del país.

Indicó que durante el proceso de construcción se generaron más de 500 empleos directos e indirectos, con la participación de profesionales y trabajadores de distintas áreas.

El director del proyecto señaló que actualmente se ultiman los detalles para completar la infraestructura y proceder con su entrega definitiva.

Como parte de los preparativos para la próxima inauguración, las autoridades de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), encabezadas por su director, Roberto Santana, realizaron una última inspección de las instalaciones.

Prisión preventiva dificulta los programas de rehabilitación

Al referirse a la situación de la prisión preventiva, Santana señaló que, según datos de la Defensa Pública, cerca del 65 % de la población penitenciaria del país se encuentra en esa condición.

Explicó que el Estado debe garantizar alimentación, seguridad, agua y electricidad a personas que todavía no han recibido una condena. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerán recluidas dificulta su incorporación a programas educativos y la planificación de procesos de rehabilitación.

Indicó que no resulta sencillo inscribir a una persona en la educación primaria o secundaria cuando existe la posibilidad de que sea puesta en libertad al día siguiente. Esta situación también limita la elaboración de planes de formación y seguimiento dentro de los centros penitenciarios.

En ese contexto, resaltó la importancia de buscar alternativas para agilizar los procesos judiciales y abordar la problemática de la prisión preventiva.

Asimismo, mencionó al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, como uno de los principales promotores de iniciativas relacionadas con este tema.

De acuerdo con el informe sobre las condiciones de detención y prisión de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), al cierre de 2025 el sistema penitenciario dominicano registraba 23,270 internos, de los cuales 15,025 se encontraban en prisión preventiva, equivalentes al 64.57 %.

En el caso específico de Anamuya, las estadísticas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales correspondientes a mayo de 2025 indicaban que el CCR-14 albergaba a 1,018 internos, de los cuales 806 no tenían condena. Esta cifra representaba aproximadamente el 79.2 % de la población recluida en ese centro.

Gobernadora destaca oportunidades de rehabilitación

La gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo, expresó su satisfacción por la construcción del nuevo centro penitenciario, al considerar que representa una oportunidad para mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad y facilitar su capacitación y posterior reinserción social.

Señaló que la infraestructura responde a una demanda histórica de la provincia y agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad el proyecto.

Asimismo, exhortó a las autoridades penitenciarias a garantizar el trato digno de los internos, el cumplimiento de los protocolos y la implementación de programas de rehabilitación.

De Óleo advirtió sobre la importancia de evaluar cada caso de manera individual para evitar que las personas que ingresan al sistema por delitos menores terminen involucradas en hechos más graves debido a la falta de orientación, capacitación y separación de influencias negativas.

También destacó que el recinto dispone de áreas y condiciones para ofrecer servicios médicos, incluido personal de salud fijo, lo que consideró una diferencia importante en la atención de esta población.

La funcionaria, quien es profesional de la medicina, manifestó su confianza en que las nuevas instalaciones permitirán ofrecer evaluaciones y asistencia sanitaria conforme a los protocolos establecidos.

Además, reiteró la disposición de la Gobernación de colaborar con las autoridades penitenciarias para contribuir al adecuado funcionamiento del centro.

Senador respalda expansión del nuevo modelo 

El senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), favoreció la expansión del nuevo modelo penitenciario hasta sustituir progresivamente el sistema tradicional de reclusión, al considerar que las inversiones en este tipo de infraestructura también representan una apuesta por la seguridad de la sociedad.

El legislador, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, sostuvo que los centros orientados a la rehabilitación pueden contribuir a reducir la reincidencia delictiva, al ofrecer oportunidades de formación y reinserción a las personas privadas de libertad.

Recordó que durante su gestión como gobernador acompañó el proceso de construcción del recinto de Anamuya y manifestó su respaldo a que este modelo se extienda a otras provincias.

Duluc también planteó la necesidad de habilitar una segunda vía de acceso al centro penitenciario, debido a las dificultades de seguridad y circulación que presenta la entrada actual.

Explicó que existe una carretera de aproximadamente dos kilómetros que requiere ser intervenida por los daños ocasionados por el río.

Consideró que su rehabilitación permitiría disponer de otra ruta de entrada y salida, especialmente para facilitar la movilización de vehículos de emergencia y unidades de seguridad.

Agregó que la vía también beneficiaría a los residentes de la zona, debido a los accidentes que, según indicó, ocurren en el acceso utilizado actualmente.

TEMAS -

Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.