Crímenes de reincidentes reabren debate sobre control a exconvictos por delitos graves
El caso de Nelson Félix Miranda Hermida que mató a su segunda esposa y suegra evidencia la ausencia de controles
Diario Libre
Los recientes crímenes que estremecieron a la República Dominicana reavivaron el debate sobre la necesidad de supervisar a las personas condenadas por delitos graves tras cumplir sus penas.
El caso de Nelson Félix Miranda Hermida, quien en 1978 asesinó a su primera esposa y en 2025 mató a la segunda y a su suegra antes de suicidarse, evidenció la ausencia de controles que detecten reincidencias.
La muerte del niño Jostin, de 10 años, raptado y asesinado en Los Mina por José Antonio Glass, un exconvicto por abuso sexual, sumó otro ejemplo de cómo individuos con historial violento pueden pasar inadvertidos.
Estos hechos sirven de trasfondo para una discusión más amplia: ¿cómo vigilan otros países a los exconvictos por abuso sexual, feminicidio y homicidio?
En Europa, América del Norte y Oceanía existen sistemas de registro y notificación diseñados para prevenir la reincidencia y proteger a posibles víctimas. Los modelos varían, pero comparten un objetivo: que la sociedad y las autoridades conozcan dónde están y qué hacen quienes ya cumplieron una condena por crímenes graves.
Sistema de control en Reino Unido y otros país
En el Reino Unido, toda persona condenada por delitos contemplados en la Ley de Delitos Sexuales de 2003 ingresa automáticamente en el registro de delincuentes sexuales. Estar en esa lista no impone prohibiciones adicionales, pero obliga al infractor a notificar a la policía sus nombres, direcciones y cualquier lugar donde pase tiempo con menores.
Cada caso es asignado a un oficial de la Unidad de Protección Pública, que realiza visitas sin previo aviso y coordina con servicios sociales y otras agencias para evaluar el riesgo. Además, el esquema conocido como Sarah´s Law permite a padres y tutores solicitar información sobre antecedentes de personas que tienen acceso a sus hijos; la divulgación es limitada y busca equilibrar seguridad y privacidad.
España creó en 2015 el Registro Central de Delincuentes Sexuales, reformado en 2024 para incluir delitos de trata de personas. La ley exige que toda persona que aspire a trabajar en puestos con contacto habitual con menores presente un certificado negativo del registro. Si tiene antecedentes, no puede ocupar ese empleo. El registro es de acceso restringido y solo pueden consultarlo autoridades judiciales y entidades autorizadas.
Francia mantiene desde 2004 el Fichero Judicial Automatizado de Autores de Infracciones Sexuales o Violentas (FIJAISV). Su propósito es prevenir la reincidencia y facilitar la localización de los condenados. Las personas inscritas deben acreditar su domicilio una vez al año y notificar cambios de dirección en un plazo de quince días.
Quienes cometieron infracciones graves deben presentarse en persona cada seis meses o incluso mensualmente. El acceso está limitado a autoridades judiciales, policía y gendarmería.
Canadá adoptó en 2004 la Ley de Registro de Información sobre Delincuentes Sexuales, que establece un registro nacional para ayudar a la policía a prevenir e investigar delitos sexuales.
La información solo puede usarse con fines policiales y debe respetar la privacidad y rehabilitación de los condenados. En 2023, el gobierno propuso inscribir automáticamente a los condenados por delitos sexuales graves contra menores y a reincidentes, e incluir nuevas ofensas en el catálogo.
Australia Occidental destaca como una de las pocas jurisdicciones con un registro público. El portal oficial de la policía del estado ofrece tres niveles de acceso: una lista de infractores desaparecidos con fotos y detalles; una búsqueda local para conocer delincuentes peligrosos en un barrio; y un sistema de divulgación que permite a padres solicitar información sobre personas que interactúan con sus hijos.
El sitio no publica datos de infractores menores de 18 años y exige que el solicitante proporcione sus datos personales. Otros estados australianos mantienen registros privados similares a los del Reino Unido.
Medidas en América Latina
En América Latina, los enfoques se centran en impedir que los condenados por abuso sexual infantil o feminicidio trabajen con menores. Chile aprobó una ley que inhabilita permanentemente a los condenados por estos delitos para ejercer cargos con contacto con niños y mantiene un registro consultado por empleadores.
En países como Argentina, se han creado bases de datos con ADN de condenados por violación, aunque su acceso se limita a fiscales y jueces.
La mayoría de los países evita la difusión indiscriminada de datos personales de agresores y prioriza el acceso restringido a las fuerzas de seguridad.
La tendencia es equilibrar el derecho a la reinserción con el deber de proteger a la sociedad. Por eso, la información sobre exconvictos se gestiona mediante notificaciones controladas, restricciones laborales y obligaciones de registro de domicilios y movimientos.
En la República Dominicana, la ausencia de un registro y de un sistema de seguimiento similar quedó en evidencia tras los recientes crímenes. El sistema judicial se limita a imponer penas; no existe un mecanismo formal para supervisar a los liberados por delitos graves.
Expertos en seguridad y derechos humanos han propuesto la creación de un registro nacional de agresores sexuales y homicidas. Un sistema de este tipo permitiría a la Policía conocer la ubicación y condiciones de libertad de los exconvictos, alertar a comunidades vulnerables y restringir su acceso a determinados trabajos.
Diario LibrePeriódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.