Cadenas de supermercados rechazan investigación sobre galletas por temor a alzas
Los importadores denuncian falta de acceso a documentos clave y una definición demasiado amplia del producto, lo que pone en duda la transparencia y validez del proceso de investigación
Diario Libre
Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC), alegando fallas graves en el procedimiento que lo vuelven "jurídicamente insostenible" y dejan al sector importador en estado de indefensión.
De acuerdo con una nota de prensa enviada por las empresas Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, desde el inicio de la investigación la CDC ha mantenido un nivel de imprecisión y falta de información que imposibilitan evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Los importadores denunciaron que ni ellos ni otras partes interesadas han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, como anexos financieros, estudios de causalidad y evidencia del supuesto "daño grave" alegado por los fabricantes, a pesar de que la Ley 1-02 exige poner a disposición el expediente íntegro para su examen.
- Incluso, aseguran que el propio Departamento de Investigación de la CDC ha reconocido la necesidad de solicitar aclaraciones adicionales a los solicitantes.
A esto se suma, según explican, que la descripción del producto investigado es tan amplia —galletas dulces y saladas de múltiples variedades, industriales o de producción masiva— que imposibilita cualquier análisis técnico serio sobre importaciones, precios o competencia, lo que podría comprometer la validez jurídica del procedimiento.
"Bloqueo absoluto"
En el comunicado, los supermercados también advirtieron sobre un elemento que catalogan como crítico: el plazo para completar los formularios exigidos vence el 25 de noviembre, pero la documentación necesaria para llenarlos —estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales— no ha sido proporcionada. Esto, aseguran, implica un "bloqueo absoluto" al derecho de defensa.
El sector importador alertó que las fallas señaladas no solo afectan a las empresas involucradas, sino que amenazan la legitimidad del proceso, la seguridad jurídica del país y los derechos constitucionales vinculados a la libertad de comercio. Una decisión tomada en estas condiciones, advirtieron, podría generar responsabilidades patrimoniales al Estado, sanciones disciplinarias y cuestionamientos internacionales.
Por estas razones, solicitaron que el Pleno de Comisionados de la CDC suspenda de forma urgente y temporal la investigación hasta que se determine con claridad el alcance del producto, se entregue el expediente completo —incluyendo sus anexos confidenciales y no confidenciales— y se ajusten los plazos conforme a la realidad del proceso. Asimismo, confiaron en que el órgano actuará con rigor jurídico y prudencia institucional.
En tanto, la CDC continúa evaluando la medida provisional solicitada por los fabricantes, la cual contempla un arancel extraordinario que podría elevar los derechos de importación hasta 87.1%.
"Para los importadores, la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos", indica el comunicado.
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