República Dominicana rezagada en competitividad tributaria
La evolución del sistema tributario dominicano: retos y oportunidades
Miguel Collado Di Franco
santo domingo. En el año 1992, en la República Dominicana se tomó una decisión importante en materia impositiva. En ese año la tasa de impuesto sobre la renta a las empresas fue reducida del 46 al 30 %, y en tres años, en 1995, la tasa se estableció en 25 %. Se igualaron la corporativa y la tasa máxima para personas físicas. Desde entonces, mientras la tasa promedio global de impuesto corporativo ha estado descendiendo, en el país es más alta que en 1995.
Tanto en países en desarrollo, como en países económicamente desarrollados, la tendencia ha sido a reducir las tasas. En el gráfico que acompaña a este texto se puede verificar la tasa promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la de República Dominicana.
Entre quienes toman decisiones de políticas en los países que pertenecen a la OCDE, ha prevalecido el concepto de que para lograr mayor competitividad a nivel internacional es necesario contar con instituciones fuertes, un clima de negocios favorable y un sistema tributario competitivo. Por consiguiente, se han mantenido reduciendo sus tasas a las rentas corporativas desde mediado de los años 90.
La competencia tributaria consiste en las acciones tomadas por las autoridades de los países para reducir sus tasas impositivas con el fin de crear un ambiente de negocios más propicio para atraer capitales destinados a inversiones.
Desde 1992 al presente, el sistema tributario dominicano ha aumentado en complejidad, y se ha tornado más oneroso, en lugar de hacerlo más simple y sostenible, tanto para los contribuyentes como para facilitar la función de la administración tributaria. Un sistema de tasas más bajas puede tener una base de tributación más amplia, generar mayor crecimiento, y reducir incentivos a la evasión y elusión.
En la medida en que el sistema tributario dominicano se ha vuelto más complejo, cambiando el espíritu de la reforma del 1992, los agentes económicos han demandado mayor cantidad de leyes que crean los llamados beneficios tributarios. Es decir, la falta de competitividad tributaria formal es suplida por medio de leyes de exenciones y exoneraciones de impuestos.
En adición a un sistema tributario menos competitivo, el ambiente de negocios del país tiene mercados que operan de forma poco eficiente; entre ellos el laboral, el eléctrico, transporte de carga y educación preuniversitaria, entre otros. De igual forma, se caracteriza por tener instituciones que mantienen costos de transacción altos en la obtención de permisos y realización de trámites; o mora y costos de resolución de conflictos en el sistema judicial.
¿Deben eliminarse esas llamadas leyes de incentivos? Aunque son distorsiones, la forma de corregirlas no es con su eliminación, como se pretendió hacer el pasado año con el proyecto de ley que modificaba el sistema tributario. Las legislaciones vigentes, los contratos y demás normas que benefician a algunos agentes económicos, deben permanecer vigentes por el tiempo de su duración establecida de forma legal. Esto es, deben respetarse los derechos adquiridos.
Si queremos fortalecer el Estado de derecho, los beneficios deben perimir a su vencimiento. Lo que sí es necesario, es reducir las tasas impositivas, eliminar los impuestos más distorsionadores y hacer más simple todo el sistema tributario. Esas acciones, junto con las reformas estructurales pendientes, permitirían cesar el otorgamiento de nuevas exenciones, y dejar que periman las existentes.
Miguel Collado Di Franco
Continuar con Google