La sanción a Aerodom por fallo eléctrico en el AILA constituye un hito
Además de la multa, Aerodom deberá cubrir los costos ocasionados a pasajeros y aerolíneas y ejecutar una intervención estructural en el sistema eléctrico del aeropuerto
Omar Santana
La sanción de cinco millones de dólares impuesta a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) por el fallo eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) constituye un hito para multas aplicadas directamente a una empresa concesionaria en la República Dominicana.
La Comisión Aeroportuaria adoptó la medida tras un informe preliminar que atribuyó la falla del pasado domingo al colapso de la celda–seccionadora de media tensión en la terminal norte y a la indisponibilidad del sistema de respaldo.
Sanciones del Estado
Además de la multa, Aerodom deberá cubrir los costos ocasionados a pasajeros y aerolíneas y ejecutar una intervención estructural en el sistema eléctrico del aeropuerto en un plazo de tres meses.
Previo a la sanción de Aerodom, en 2005 la Superintendencia de Electricidad (SIE) sancionó a la empresa estadounidense Smith-Enron, operadora de barcazas eléctricas, con una multa de RD$13.2 millones (unos US$408,000). La compañía fue hallada culpable de “desacato reiterado” a las órdenes del organismo coordinador del sistema.
También fue sancionada Lajun Corporation por la operación del vertedero Duquesa en 2017. La empresa concesionaria del relleno sanitario incumplió obligaciones ambientales y contractuales, con un manejo inadecuado de residuos y lixiviados que provocó incendios, contaminación y crisis sanitaria en Santo Domingo.
Se multó a Lajun con RD$16 millones y posteriormente se militarizó el vertedero. Finalmente, el contrato quedó rescindido y la operación pasó al Estado.
En 2021 La minera Belfond Enterprise fue sancionada por contaminación con polvillo de carbonato de calcio en la ciudad de Barahona. El Ministerio de Medio Ambiente suspendió temporalmente sus operaciones de transporte y exportación hasta que la empresa implementó medidas correctivas, si hubo sanción económica no se dio a conocer.
En 2023 las barcazas de Karpowership causaron un derrame de residuos de hidrocarburos en Puerto Viejo de Azua, el Ministerio de Medio Ambiente abrió un proceso sancionador contra la generadora flotante de origen turco.
La empresa fue obligada a detener el trasiego de combustibles y enfrenta una sanción económica pendiente de definir. Pero tampoco quedó claro si hubo multa.
Tan reciente como en el 2025 el Estado demandó a Falcondo la rescisión de la concesión minera de Falconbridge Dominicana por incumplimientos ambientales, contractuales y laborales, incluyendo abandono de operaciones y venta irregular de activos estatales.
El proceso busca la cancelación definitiva del contrato y la pérdida de la concesión.
Sin embargo, desde hace años la explotación minera de Falconbridge en República Dominicana ha sido muy limitada.
Comisión Aeroportuaria ordena a Aerodom a pagar US$5 millones por fallo eléctrico en el AILA
Malos negocios para el Estado
En contraste, las empresas privadas han tenido dicha al negociar con el Estado dominicano:
Distribuidoras de electricidad (1999-2003). El Estado dominicano privatizó el 50% de Edenorte y Edesur a la española Unión Fenosa y entregó EdeEste al grupo estadounidense AES. El modelo fracasó: persistieron los apagones y crecieron los conflictos financieros.
En 2003, durante la crisis eléctrica, el Gobierno revirtió la concesión, recompró las acciones y devolvió las distribuidoras al control estatal. La operación le costó al país cerca de US$300 millones, pagados a Unión Fenosa para finiquitar su salida en 2006.
La autopista Santo Domingo–Samaná, cuyo contrato del “peaje sombra” obligó al Estado a desembolsar miles de millones en compensaciones anuales, hasta que en 2021 se pagaron US$410 millones para cancelar anticipadamente la concesión, entonces el Gobierno aseguró que el país se ahorraba el pago de más de 1,500 millones de dólares por la duración del contrato.
El caso de Codacsa, concesionaria de la autopista Las Américas, que tras un arbitraje internacional en 2012 obligó al país a pagar US$45 millones por incumplimiento del contrato.
La privatización de las empresas distribuidoras de electricidad a través del acuerdo con Unión Fenosa en 1999, revertida en 2003, en la que el Estado terminó pagando cientos de millones de dólares para recomprar activos sin que se lograra la mejora del servicio.
El contrato con AAA Dominicana para la gestión comercial del agua en Santo Domingo, rescindido en 2021 tras considerarse lesivo, sin beneficios significativos para la población.
Omar SantanaPeriodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.