Adocem rechaza imposición obligatoria del coprocesamiento en la industria cementera

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), expresó su rechazo al artículo incluido en el proyecto de modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados el pasado 16 de julio.  

El artículo 20 del proyecto obliga a las empresas cementeras a incorporar combustibles derivados de residuos nacionales en sus hornos. 

Adocem advirtió que esta exigencia representa una violación al derecho a la libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución dominicana, ya que impone un insumo específico sin un mercado equilibrado y sin capacidad de negociación justa. 

A través de un comunicado, la organización señaló que, "no hay una cadena de suministro ni un marco regulatorio que permita cumplir con esta obligación sin poner en riesgo la sostenibilidad operativa de las plantas cementeras".  

Asimismo, puntualizó que imponer este mandato es condenar al sector a depender de un "mercado incipiente y no regulado", abriendo la puerta a distorsiones, prácticas monopólicas y un aumento injustificado de los costos de producción, con efectos negativos sobre la economía nacional y la competitividad del cemento. 

Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, explicó que el coprocesamiento requiere condiciones estructurales específicas —infraestructura, marco regulatorio y cadena de suministro— que todavía no existen en el país.  

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Cementeras no equipadas 

Además, advirtió que no todas las cementeras están equipadas para sustituir el 30 % de combustibles fósiles por derivados de residuos en el corto plazo. 

Además, Adocem señaló que la disposición contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, contemplado en la Ley 225-20, el cual establece que la gestión final de residuos corresponde inicialmente a quien los genera, no a la industria cementera como receptor obligatorio. 

La asociación reiteró su compromiso con el coprocesamiento como una alternativa ambiental viable y alineada con los objetivos de sostenibilidad.  

Sin embargo, demandó que ningún país democrático con mercados abiertos obliga legalmente a la industria cementera a coprocesar. Las legislaciones más avanzadas promueven esta práctica mediante incentivos, colaboración intersectorial y condiciones técnicas reales. Lo que se propone en el país es un grave retroceso que sienta un precedente peligroso para toda la industria nacional. 

Adocem, reiteró su compromiso con el desarrollo del coprocesamiento como una solución ambiental viable y alineada con la sostenibilidad. Sin embargo, demandó que la medida desconoce la realidad nacional, vulnera derechos constitucionales y amenaza la estabilidad de un sector estratégico para la economía. 

Diario Libre

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