Sectores productivos cuestionan ley de Residuos Sólidos aprobada "sin estudios ni consultas"
Los gremios advierten que la aprobación acelerada limita el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados
Diario Libre
Tras la aprobación de una reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresaron este jueves su preocupación ante la falta de análisis técnico y participación de los sectores involucrados.
A través de un comunicado de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, cuestionó la falta de diálogo durante el proceso desarrollado en la Cámara Alta.
"El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se acostumbra en casos de proyectos de ley de tanta importancia como este. Nos sorprende aún más que no se haya convocado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible para conocer su parecer técnico respecto al tema", precisó.
En ese sentido, reiteró que la industria nacional respalda la correcta gestión de los residuos sólidos en el país y reconoció la necesidad de contar con recursos para alcanzar esos objetivos.
"Lo que rechazamos, además de la manera acelerada e inconsulta en que fue aprobado este proyecto, es que se insista en el establecimiento de una contribución especial sin que medie un estudio técnico o un análisis de impacto regulatorio que justifique la magnitud de los incrementos propuestos", apuntó.
Pujols afirmó que la AIRD está preparada para presentar sus planteamientos ante las comisiones de trabajo correspondientes en la Cámara de Diputados, donde será remitido el proyecto aprobado.
"Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para asegurar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir", concluyó el vicepresidente ejecutivo del organismo.
Pujols destacó que, como gremio, reconocen los desafíos financieros que enfrentan los gobiernos municipales en todo el territorio nacional. Sin embargo, señaló que no puede pretenderse que el marco legal sobre residuos sólidos resuelva todas las necesidades históricas de financiamiento de los ayuntamientos.
"El marco legal aplicable a los ayuntamientos establece que estos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Si esa transferencia no se cumple o resulta insuficiente, la solución debe estar en corregir ese mecanismo, no en trasladar la carga a una contribución especial contemplada en una ley ambiental con un objetivo distinto y específico", recalcó.
La posición de los representantes de las zonas francas
De su lado, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) criticó la aprobación de la reforma bajo trámite de urgencia, al considerar que las modificaciones regulatorias que inciden sobre la competitividad y el clima de inversión requieren una discusión técnica más amplia y la participación de los sectores vinculados a la actividad productiva nacional.
Mediante un comunicado de prensa, el gremio indicó que la declaratoria de urgencia debe reservarse para circunstancias excepcionales, debido a que su uso recurrente en reformas de alto impacto puede limitar el análisis técnico, reducir las oportunidades de participación y debilitar la construcción de consensos.
Adozona destacó que la República Dominicana ha fortalecido su posición como destino de inversión gracias a la estabilidad, previsibilidad y fortaleza institucional, por lo que consideró necesario que cualquier cambio normativo que afecte al sector productivo sea evaluado con profundidad.
Asimismo, rechazó que una legislación de esta importancia tenga un enfoque meramente recaudatorio y sostuvo que en la gestión de residuos sólidos deben prevalecer los criterios técnicos.
La asociación reiteró su disposición al diálogo y advirtió que las decisiones legislativas deben proteger la competitividad del aparato productivo nacional y evitar impactos negativos sobre el clima de inversión.
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