Presidente mexicano cierra su mandato exonerando al Ejército de la desaparición de 43 estudiantes

La víspera del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró a los militares de este crimen que conmocionó dentro y fuera del país.

El mandatario insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército con el caso obedecen a "intereses políticos", tanto del país "como del extranjero", ajenos a la investigación.

En una carta dirigida a los padres y madres de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa que López Obrador leyó y comentó el miércoles durante su conferencia matutina, desacreditó tanto las afirmaciones sobre la participación de los militares en los hechos como las que vinculan el ataque con el tráfico de heroína en la zona, aunque no ofreció una explicación alternativa sobre cuál pudo ser el móvil del ataque.

Sin embargo, miembros de su gobierno han defendido estas dos hipótesis al igual que lo han hecho los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso durante ocho años.

El presidente insistió en que "no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición" de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Aún así, también dijo que 16 militares están bajo proceso, presuntamente vinculados al crimen organizado o "por omisión al no haber actuado para evitar actos de violencia en contra de los jóvenes".

La Comisión de la Verdad creada por su gobierno en 2019 para esclarecer el caso y dirigida por Alejandro Encinas, a quien López Obrador le recordó que contó con todo su respaldo, consideró que el caso fue "un crimen de estado" en el que fuerzas de seguridad aliadas con un cártel local que traficaba con heroína atacaron a los estudiantes, los hicieron desaparecer y luego, autoridades de las más altas instancias del estado colaboraron para encubrir la verdad.

Dicha comisión habló de militares involucrados y Encinas dijo en 2022 que seis estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y luego fueron presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, aunque posteriormente los expertos de la CIDH consideraron que las evidencias que corroboraban estas afirmaciones no eran de origen fiable.

El gobierno considera que los jóvenes fueron asesinados, aunque solo se encontraron restos de tres de ellos y se sigue sin saber qué pasó esa fatídica noche.

Encinas también apuntó a que posiblemente uno de los autobuses que tomaron los estudiantes y que desapareció iba con droga o dinero procedente del narcotráfico ya que, según documentos surgidos en juicios en Estados Unidos, el cártel local traficaba heroína en autobuses de Iguala a Chicago y tenía vínculos con los militares de la zona.

Las familias de los desaparecidos preparan una gran marcha para el jueves para manifestar su indignación con este gobierno que, según insisten, no cumplió con sus promesas y se burló de ellos.

Según el presidente hay actualmente 151 personas procesadas, de ellas 120 en prisión.

"Nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión" de buscar a los jóvenes, dijo. "Este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca".

AP

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