Comienza juicio contra 17 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en Ecuador
Los militares aseguraron desde un inicio que los dejaron con vida en una zona rural de Taura
EFE
Son juzgados 17 militares desde este miércoles en Ecuador por la presunta desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en diciembre de 2024, cuyos cuerpos aparecieron posteriormente calcinados y con impactos de bala, un caso que podría demorar varias semanas en llegar a una sentencia por los cientos de testimonios y pruebas que se presentarán.
El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados que habían encontrado en una zona rural cercana a donde fueron vistos por última vez, los cuales pertenecían a los menores.
Consternación en Ecuador
Los militares aseguraron desde un inicio que los dejaron con vida en una zona rural de Taura, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.
Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
La audiencia de juicio se instaló once meses después de que 16 de los 17 soldados fueran enviados a prisión preventiva, debido a los constantes diferimientos pedidos por parte de los abogados de los procesados, pero con la advertencia del tribunal de que esta vez la diligencia no se postergará hasta que se llegue a una decisión.
"Hay una gran cantidad de pruebas que Fiscalía y nosotros queremos que se practiquen y que el tribunal pueda conocer, y cada día cuenta", dijo a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias de los menores, quienes esperan que haya una resolución antes de fin de año.
Solo la Fiscalía tiene 176 pruebas que va a presentar, entre testimonios de peritos e investigadores, reproducciones de videos de cámaras de seguridad y documentos, mientras que los defensores de los procesados llevarán otra centena de personas a declarar.
Estaban bajo "subordinación militar"
Durante la primera jornada del juicio, la mayoría de los abogados de los militares señalaron que sus defendidos eran inocentes y que sus actuaciones se desarrollaron todo el tiempo "dentro de un estricto marco de subordinación militar", es decir, a seguir órdenes de sus superiores.
- Otro defensor señaló que su cliente permaneció "todo el tiempo en el balde de la camioneta" y que "jamás lesionó a una persona", por lo que no era posible que se lo acuse de ser autor de una desaparición forzada.
Reiteraron que la detención de los menores "fue legal", pues los soldados lo hicieron en respuesta a supuestas alertas de personas que estaban esa noche en los exteriores del centro comercial y que aseguraron que los menores habían robado, tesis que ha sido descartada por la Fiscalía.
El abogado de uno de los soldados que decidió cooperar con la Fiscalía dijo que esperaba que el testimonio "oportuno y comprobado" de su cliente pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos, a cambio de obtener una rebaja en la pena.
En la diligencia también intervinieron los padres de dos de los menores, quienes aseguraron que sus hijos habían salido esa noche a jugar fútbol y que luego habían ido a comprar pan, momento en el que fueron detenidos.
La audiencia continuará este jueves con la presentación de más testimonios por parte del Ministerio Público.
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