La inhabilitación de fiscal general aviva el enfrentamiento político en España
La oposición conservadora exigió la dimisión de Pedro Sánchez, por haber defendido la inocencia de García Ortiz
EFE
La insólita condena del fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados es el último capítulo de un proceso judicial que ha sacudido la política española durante el último año.
Mientras que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Supremo (TS), aunque no la comparte, la oposición conservadora exigió la dimisión del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, por haber defendido la inocencia de García Ortiz.
El Supremo adelantó este jueves el fallo de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de 7,200 euros, justo una semana después de que acabase un juicio inédito que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados al máximo responsable del Ministerio Público español.
La decisión del alto tribunal supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General. En los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento para nombrar a su sucesor, que debe ser elegido entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de la profesión.
Delito de revelación de datos reservados
A falta de conocer los argumentos de la sentencia, el TS considera que García Ortiz incurrió en un delito de difusión de datos reservados, recogido en el Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".
No obstante, el fallo incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que componían el tribunal que lo juzgó.
García Ortiz estaba acusado de la filtración a los medios de comunicación en marzo de 2024 de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la región de Madrid, la dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso.
En la comunicación, el letrado de González Amador, un empresario procesado por fraude fiscal, proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos relacionados con la evasión de impuestos, en busca de una rebaja de la petición de condena.
El fiscal general, que negó en todo momento haber reenviado ese correo a los medios, sí se responsabilizó en su momento de una nota de prensa para aclarar informaciones de prensa que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal que investigaba a González Amador por fraude, cuando realmente la propuesta era del abogado del empresario. Pero esto no es lo que se juzgaba en el Supremo.
Durante el juicio, los periodistas citados a declarar aseguraron que no recibieron la información sobre González Amador del fiscal general, aunque no revelaron la fuente por el secreto profesional que les ampara.
Un juicio con fuerte carga política
Desde que se conoció la imputación de García Ortiz el caso ha tenido una fuerte carga política en España.
El Ejecutivo ha defendido la inocencia del fiscal general a ultranza, pero el Partido Popular (conservador), al que pertenece Díaz Ayuso, había exigido que dimitiera para salvaguardar el prestigio de la institución, lo que no ocurrió.
Además, el abogado de González Amador aseguró que la filtración constituía un plan político del Ejecutivo para cargar contra la presidenta de Madrid, muy crítica con el Gobierno central.
Y ahora, conocida la inhabilitación de García Ortiz, el conservador Partido Popular exige también la dimisión de Pedro Sánchez. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, le acusó hoy de abuso de poder y haber atacado la independencia judicial.
El ministro de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, manifestó que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte, e hizo un llamamiento a que esa discrepancia no lleve a desconfiar de la Justicia.
El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, fue más allá y aseguró que el fallo le parece "una auténtica vergüenza". Representantes de otros partidos de izquierda como Sumar (miembro del Gobierno español de coalición) apuntan a una maniobra de la derecha para atacar al Ejecutivo desde los tribunales.
Sentencia firme
El fallo del TC en sentencia firme es inferior a las penas de entre tres y seis años de cárcel y doce de inhabilitación que solicitaban las acusaciones, mientras que la defensa y la Fiscalía pedían la absolución.
Sin embargo, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional de la Justicia española que permite impugnar resoluciones judiciales por vulneración de derechos fundamentales del condenado.
De ser admitido, el fiscal general podría recurrir la decisión del Supremo en el Tribunal Constitucional.
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