Alemania impone controles en todas sus fronteras terrestres para combatir la inmigración ilegal

El Gobierno alemán se ha visto obligado a intensificar sus iniciativas en materia de política migratoria. El país fue víctima de un atentado asesino perpetrado por un islamista sirio a finales de agosto en

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 (Renania del Norte-Westfalia), así como de unas elecciones regionales que sellaron el éxito de la extrema derecha. La última novedad, el lunes 9 de agosto, fue el anuncio por Berlín de controles fronterizos para luchar contra la inmigración clandestina y rechazar a los inmigrantes.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha anunciado que los 37,000 kilómetros de fronteras del país serán objeto de controles a partir del lunes 16 de septiembre, durante un periodo de seis meses. Ya existen controles de este tipo con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza. El objetivo es reducir la inmigración ilegal de personas sin papeles que no solicitan asilo.

La ministra, que desde hace tiempo rechaza este tipo de controles alegando la libre circulación en la Unión Europea, se congratuló de que los vigentes desde el pasado otoño boreal hayan permitido expulsar a 30,000 personas.

Las autoridades europeas han sido informadas de estas nuevas medidas, que suponen una excepción a las normas sobre libre circulación en el espacio Schengen. Alemania quiere garantizar que los cruces fronterizos diarios de los residentes se vean perturbados lo menos posible. Estas medidas, anunciadas el lunes 9 de septiembre, se suman a otras muchas adoptadas con carácter de urgencia, que ponen de manifiesto la presión a la que está sometido el Gobierno alemán.

Tras el ataque de Solingen, la coalición acordó un paquete de medidas de emergencia: se retirarán las ayudas a los solicitantes de asilo que hayan presentado una solicitud en otro país de la UE antes de venir a Alemania. Tendrán que regresar a ese país. Los solicitantes de asilo que hayan viajado a su propio país perderán su estatus. Se facilitarán las expulsiones de delincuentes. Las autoridades deberán disponer de más competencias.

La ola de emoción tras el atentado de Solingen, el éxito de la extrema derecha en las dos elecciones regionales del 1 de septiembre y unas elecciones regionales el 22 de septiembre obligan al gobierno de Scholz a tomar medidas urgentes, que serán presentadas al Parlamento esta semana.

El Gobierno teme que el electorado vuelva a castigarle. Intenta llegar a un acuerdo con los democristianos en la oposición. Estos últimos piden una política de inmigración aún más dura para contrarrestar la competencia de la extrema derecha. La CDU y la CSU han puesto condiciones a una nueva reunión entre el gobierno y la oposición, exigiendo que se devuelva a todos los inmigrantes en la frontera, aunque soliciten asilo político. Esta propuesta es difícil de aceptar para el gobierno, especialmente para los Verdes. Las organizaciones que se dedican a ayudar a los inmigrantes denuncian un desafío al derecho de asilo, uno de los principios fundadores de la Alemania de posguerra tras el nazismo.

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