Jurista plantea figura judicial para proteger derechos de migrantes detenidos

El jurista académico Paul José Maldonado Bueno propuso la creación de la figura del Juez de las Deportaciones en la República Dominicana, como una medida para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos en los procedimientos migratorios, especialmente en los centros de detención como el Centro Vacacional de Haina, utilizado actualmente por la Dirección General de Migración.

Este centro, ubicado en el municipio de Haina, funciona como espacio de acopio para extranjeros en situación migratoria irregular. Allí se realizan depuraciones y, si procede, se ejecutan deportaciones fuera del territorio nacional. También recibe a ciudadanos dominicanos repatriados desde el extranjero.

Maldonado Bueno señaló que "ninguna persona pierde su calidad de ser humano ni sus derechos fundamentales por estar en situación migratoria irregular", y que el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar un trato digno en todas sus actuaciones, incluso durante el proceso de deportación.

Reconoció que es legítimo que el Estado ejerza su soberanía mediante la repatriación de quienes no cumplen con los requisitos legales, pero enfatizó que esto debe hacerse bajo un marco de respeto a la dignidad humana. 

En ese sentido, propuso la creación del Juez de las Deportaciones, una figura judicial con funciones en los centros de detención migratoria del país, que pueda decidir sobre la legalidad de cada detención, emitir órdenes de deportación o disponer la liberación inmediata cuando corresponda.

"En otros países del hemisferio, todo extranjero detenido es presentado ante un juez migratorio en un plazo de 24 a 48 horas. Este modelo garantiza transparencia, control legal y respeto a los derechos humanos. En nuestro país no existe una figura similar ni un sistema centralizado que documente debidamente las deportaciones realizadas", advirtió Maldonado.

El jurista también destacó la reciente muerte de una ciudadana estadounidense que estuvo retenida por más de 60 días en el Centro Vacacional de Haina, sin acceso a un juez, abogado ni resolución formal de su estatus migratorio.

Consideró que este caso constituye una forma de detención arbitraria e inconstitucional, y marca "un antes y un después" que obliga a replantear el modelo migratorio dominicano.

"La implementación del Juez de las Deportaciones fortalecería nuestra democracia, respondería a los cuestionamientos internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos, y permitiría demostrar que cada extranjero ha sido escuchado por una autoridad competente. Al respetar los derechos humanos, también reforzamos nuestra soberanía", concluyó Maldonado Bueno.

Diario Libre

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