Hipocresía y disyuntiva nacional
Sin mano de obra haitiana, el agro dominicano se tambalea
La solicitud de ADOBANANO al gobierno dominicano, para regularizar a 15,000 trabajadores haitianos en situación migratoria irregular, desborda la simple petición sectorial. Es un espejo incómodo de la economía dominicana y de sus contradicciones: no queremos indocumentados, pero sin ellos sectores clave como el agro y la construcción se vienen abajo.
El reclamo de los bananeros no proviene de una oenegé sospechosa, sino de empresarios que exportan a mercados europeos donde las normas laborales son vigiladas con lupa. Se apartan, por tanto, del típico empleador que se aprovecha de la vulnerabilidad del inmigrante. El sector debe cumplir estándares y reconoce —quizás por primera vez tan abiertamente— que su cadena de valor depende de una mano de obra que no ha sido regularizada, no por falta de necesidad, sino por omisión o complicidad de todos los actores.
La pregunta deviene inevitable: ¿debemos cerrar los ojos ante una realidad que, de no enfrentarse con política pública seria, entorpecerá la producción agrícola y la industria de la construcción? ¿O debemos diseñar mecanismos que reconozcan esa dependencia y regulen —no promuevan— la contratación de trabajadores haitianos, garantizando al mismo tiempo los intereses nacionales y los derechos humanos? Pese a la urgencia, tecnificar esos menesteres para reducir la mano humana tomará tiempo.
La petición de ADOBANANO muestra una encrucijada: o el país aplica las leyes con rigor —y asume las consecuencias económicas de esa decisión—, o adapta su marco legal a una realidad que ni la represión ni la retórica van a eliminar. El Estado debe decidir si multar o mediar. Lo que no puede hacer es seguir simulando. Más que una cosecha de bananos, en juego está el tipo de país que queremos construir.