El precio de una cédula

En un país donde las urgencias se amontonan como buitres sobre cadáver, gastar RD$6,000 millones en renovar cédulas antes de que venza su vigencia legal es un lujo que bordea la afrenta. No es un problema de tecnología ni de logística, sino de prioridades y de respeto a la ley, que fijó  diez años como plazo. La decisión, sin justificación técnica y legal convincente, convierte un documento en pretexto y el presupuesto en reparto.

Con esa suma se podrían construir 100 escuelas de 12 aulas totalmente equipadas, donde miles de niños se educarían. O 20 hospitales municipales y 100 centros de atención primaria, para que la salud no dependa del pasaje a la capital. Se podrían llevar redes de agua potable a 250,000 personas que hoy dependen de un camión cisterna, o instalar plantas de tratamiento que eviten que nuestros ríos y playas sigan tragando aguas negras.

En seguridad, bastaría para equipar dotaciones policiales, instalar cámaras y alumbrado en barrios donde la noche es una amenaza. En alimentación, se financiaría un año de comida escolar para un millón de estudiantes. Y aún sobraría para becar a miles de jóvenes que ven la universidad como un sueño caro e improbable.

Pero no. La prioridad es adelantar una renovación masiva de cédulas, uniformar la fecha de vencimiento y mover, como si el Presupuesto fuese privado, un caudal de dinero público hacia un proceso cuestionable. En un país de tantas carencias, el despilfarro es una felonía y un irrespeto. Una cédula debería ser la llave de derechos, no la coartada para negarlos. Porque aquí, el verdadero documento de identidad no está en el bolsillo: está en cómo se decide gastar el dinero de todos. 

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro carga con décadas de periodismo en la radio, televisión y prensa escrita. Toma una pausa en la diplomacia y vuelve a su profesión original en DL.