Para reír en la fiesta de la Restauración

Vaya, según la Junta Central Electoral, nuestra soberanía nacional descansa en un trozo de policarbonato con chip y código QR. Es lo que sobresale de su documento explicativo del porqué de una nueva cédula de identidad, que nos costará seis mil millones de pesos. Quien no tenga este amuleto tecnológico, que se despida de su dignidad cívica. 

Sería, a juzgar por la lógica del comunicado, un ciudadano incompleto. El razonamiento es curioso. Países como el Reino Unido, Australia o Dinamarca, que no tienen un documento de identidad obligatorio, ¿carecen entonces de soberanía? ¿Serán Estados fallidos porque sus ciudadanos no cargan con una tarjeta "inteligente"?

Llama la atención la autoproclamada pureza del proceso: todo es "prístino", "socializado" y "conforme a la ley". Sin embargo, en el mismo párrafo se advierte que se está actuando bajo una atribución que permite cambiar el diseño y formato, pero no la vigencia establecida por la norma legal. Lo que en lenguaje llano significa estirar la interpretación legal hasta que encaje en la licitación ya en marcha.

El comunicado también adopta un tono mesiánico: la cédula no es un gasto, es una "inversión por la democracia y la soberanía". Como si no existiera democracia antes de 2014 o como si la patria se midiera en micras de policarbonato.

La realidad es que detrás de los párrafos solemnes hay un contrato millonario, la documentación de casi nueve millones de personas, un calendario electoral por delante y un padrón que conviene depurar. Lástima que, para justificarlo, se recurra a esa peligrosa equivalencia entre documento y patria. Porque si la identidad nacional se reduce a un plástico, lo que está en riesgo no es la cédula: ¡es la idea misma de ciudadanía! 

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro carga con décadas de periodismo en la radio, televisión y prensa escrita. Toma una pausa en la diplomacia y vuelve a su profesión original en DL.