Distorsionadas o dejadas a medio talle (1 de 2)

En el sistema educativo dominicano siempre aparecen buenas iniciativas. Pero en su implementación siempre se deforman o se dejan inconclusas. Porque la atención siempre está puesta en nuevos emprendimientos que iniciados por la mañana serán deformados o abandonados antes del anochecer.

Para ilustrar el punto, tómese los ejemplos de la descentralización y la jornada extendida.

En 1995, el Ministerio de Educación, (entonces Secretaría de Estado) concentraba la regulación y supervisión de múltiples sectores, y la administración de la escuela pública. Sin embargo, su organización era sorprendentemente austera. La sede central estaba integrada por el Consejo Nacional de Educación, el despacho del titular del Ministerio; dos viceministerios, uno para funciones misionales y otro para las funciones de apoyo; y un reducido número de divisiones y direcciones. En el plano territorial, existían pequeñas direcciones regionales y distritos escolares, y miles de centros.

Eso sí, el Ministerio operaba de manera fuertemente centralizada. La sede no solo definía políticas, programas, currículos, sino que seleccionaba el personal y comprarlo todo, incluyendo el papel, la tiza y borradores que se distribuían en escuelas y oficinas. En ese modelo, las direcciones regionales y los distritos escolares actuaban básicamente como tramitadores.

En cuanto a la escuela, a diferencia de los centros privados, que tiene presupuesto propio y autonomía para contratar personal, comprar materiales, construir y mantener su infraestructura; la escuela pública simplemente recibía las directrices y las cosas que se dignaban enviarles desde arriba, y en cuya decisión escasamente participaba.

Con miles de centros bajo su responsabilidad, al Ministerio le resultaba imposible delegar en la dirección de cada escuela pública las funciones que asumía la dirección de una escuela privada. Pero ocurre que, en todas partes del mundo, públicas o privadas, las escuelas enfrentan problemas de que afectan su diario quehacer. Aunque la mayoría son nimiedades, con miles escuelas dispersas y un sistema altamente centralizado, aun sobrando los recursos, a la sede central le resultaba igualmente imposible conocer y atender de manera oportuna las reales necesidades de cada centro, y evaluar y dar seguimiento al impacto de sus decisiones sobre las tantas escuelas puestas a su cargo.

Desde sus inicios ese nivel de centralización genero desigualdades en la distribución de los recursos y brechas entre las directrices emitidas por la sede central y su aplicación en las escuelas. En la medida en que el sistema crecía, estas brechas y desigualdades se ampliaban, generando recelos y desconfianza. Cuando aparecieron los enfrentamientos políticos, la sede siguió decidiéndolo todo, pero fue perdiendo la autoridad para imponer sus designios en los centros.

Ese tema fue ampliamente discutido durante la elaboración de la Ley General de Educación, hace ya treinta años. Como respuesta surgió la propuesta de instaurar una administración escolar más próxima a los centros, sin renunciar al modelo centralizado ni alterar demasiado la estructura básica del Ministerio.

La ley establece las juntas escolares, distritales y regionales en las que participarían las familias, las comunidades y las autoridades locales. No como entes externos que se llaman de vez en cuando, sino como componentes orgánicos de un nuevo esquema de dirección. Entonces, a los centros, los distritos, las direcciones regionales, y sus respectivas juntas la ley asigna responsabilidades concretas. Todo ello, bajo un esquema que permite ir ajustando de forma progresiva la distribución de tareas entre las distintas instancias del sistema.

Desde la aprobación de la Ley General de Educación, en la sede se ha creado una estructura para desarrollar la descentralización y la participación comunitaria. El número, tanto de direcciones regionales y distritales como de su personal ha crecido notablemente. Y aunque el sistema de contabilidad todavía no lo desglosa, hoy el gasto anual de algunos distritos y sus escuelas es superior al de algunos ministerios. Y el gasto anual de la mayoría de las direcciones regionales, con sus distritos y sus escuelas es superior al gasto anual de la mayoría de los ministerios.

A pesar de ello, las direcciones regionales y los distritales escolares continúan básicamente como tramitadores. Las escuelas públicas siguen siendo simples receptoras de las directrices y materiales que les envían desde arriba y en cuya decisión raras veces participan. Y aunque siempre se aboga por la participación de las familias, las comunidades y las autoridades locales en el desarrollo de la educación, las juntas escolares, distritales y regionales, a través de las cuales esa participación toma cuerpo, no se dejan sentir.

Ramón Flores