Martín E. Valerio Jiminián"Crecer Cuidando": Minería y pacto social para cerrar brechas territoriales
Minería responsable como clave para equilibrar desarrollo y medio ambiente en RD
El desarrollo económico y la preservación ambiental no son metas opuestas; son compromisos que la Constitución Dominicana nos manda a armonizar. Los artículos 38, 50, 66 y 17 de nuestra Carta Magna establecen que la dignidad humana, el derecho a emprender, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales son principios inseparables de un mismo proyecto nacional.
Los datos del Índice de Desarrollo Humano 2024 del PNUD revelan una realidad preocupante: mientras regiones con alta actividad económica como Ozama y Cibao Sur alcanzan niveles de desarrollo medio alto, zonas con gran potencial como Pedernales, San Juan y Dajabón permanecen rezagadas. La brecha no es casual: menor inversión pública, empleo formal limitado y poca diversificación productiva son factores persistentes.
La experiencia de Sánchez Ramírez demuestra que una minería bien regulada y articulada con el territorio puede transformar la realidad local: más infraestructura, más oportunidades, mejor calidad de vida. Como recordaba el ex – Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, "el desarrollo no es un fin, sino la construcción de oportunidades para la gente".
Este enfoque se alinea plenamente con el principio de desarrollo sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En el marco constitucional dominicano, este concepto se articula en los artículos 38, 66 y 67, que integran la dignidad humana, el derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de promover un uso racional de los recursos naturales. Así, la minería responsable, cuando se inserta en un modelo de desarrollo sostenible, se convierte en una herramienta para equilibrar crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental, generando beneficios duraderos para todo el país.
La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0601/18 refuerza este principio al establecer que el aprovechamiento de los recursos naturales está sujeto a la función social y ambiental de la propiedad y al principio de equidad intergeneracional, asegurando que las decisiones presentes no comprometan el derecho de las generaciones futuras. Además, destaca que la preservación del medio ambiente no es solo una obligación del Estado, sino también de particulares, reconociendo que la actividad empresarial legítima es aquella que armoniza la creación de riqueza con la dignidad humana y el bien común. Esta doctrina ofrece al sector privado un marco de acción claro: crecer sí, pero cuidando, en consonancia con la Constitución y la jurisprudencia.
El desafío es convertir la riqueza del subsuelo en riqueza sobre la tierra, como plantea Luis Fernando Alarcón (Economista e Ingeniero Civil, CEO grupo empresarial ISA). Ello exige un pacto social moderno que asegure reglas claras, transparencia y corresponsabilidad, de forma que cada punto de PIB generado se traduzca en bienestar real, innovación y equilibrio ecológico.
La minería dominicana ha demostrado que es posible "crecer cuidando". El camino está trazado: inversión responsable, fortalecimiento institucional y una visión de largo plazo que cierre brechas y garantice un futuro compartido.
Martín E. Valerio JiminiánDirector Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)