El silencio administrativo no es prudencia: es una retranca al progreso

El silencio institucional no es prudencia: es parálisis. En una República que aspira al desarrollo sostenible, la inacción del Estado ante procesos técnicos y legales no protege, sino que debilita la confianza, frena la inversión y posterga el futuro.

Cuando la Administración Pública no responde, no solo incumple plazos; también detiene inversiones, empleos y divisas. Y ese costo no se mide en discursos, sino en oportunidades perdidas.

En 2025, el sector minero dominicano ha demostrado lo que puede lograr cuando las decisiones se toman a tiempo:

• Creció un 5% en los primeros siete meses del año, después de una caída de -12.5% en 2024;
• Las exportaciones aumentaron 45.7%, alcanzando US$1,568 millones hasta agosto;
• Las recaudaciones fiscales subieron 116% en el primer semestre;
• Y la inversión extranjera directa minera fue de US$175 millones, 390% más que el año anterior.

Son números que hablan de una industria viva, moderna y capaz de multiplicar sus aportes si el Estado acompaña con decisión, en lugar de silencio.

El Estado de Derecho no está para agradar, sino para equilibrar

Las decisiones tomadas conforme a derecho suelen enfrentar resistencia, porque el Estado de Derecho pone límites donde antes había impulsos y exige evidencia donde antes bastaban percepciones. Pero esa es su mayor virtud: equilibrar lo justo, no complacer lo conveniente.

Como bien dice mi hermano, el abogado penalista Miguel Valerio:

"Hay decisiones que me favorecen más, hay decisiones que me favorecen menos, pero todas deben basarse en el respeto a la ley."

Esa frase resume la madurez que necesita nuestra democracia: aceptar que la legalidad no siempre coincide con la conveniencia, pero siempre garantiza justicia.

Las instituciones: la respiración del Estado

Las leyes son letra; las instituciones son su respiración. Protegerlas significa garantizar que las normas tengan voz, que los procedimientos tengan fin y que la ciudadanía sepa a qué atenerse.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0468/22, al afirmar:

"El silencio de la Administración Pública frente a una solicitud de información configura una denegación tácita que vulnera el derecho fundamental de acceso a la información y debilita los principios de transparencia y buena administración."

El silencio institucional no solo vulnera derechos; también interrumpe la continuidad de políticas públicas como el Plan MetaRD 2036, que aspira a un Estado ágil, sostenible y productivo. Si el Estado no decide, esas metas se convierten en utopías burocráticas.

La minería responsable no busca privilegios, sino certezas. Cuando un proyecto cumple con los estándares ambientales, sociales y técnicos, el Estado tiene la obligación de decidir con transparencia y rendición de cuentas.

Hoy el país tiene una industria minera que exporta casi el 50% de sus productos totales, genera el 9% de las divisas corrientes, y sostiene encadenamientos productivos en más de 15 provincias.

El oro, que representa el 91% de las exportaciones metálicas, ha impulsado una bonanza que se refleja en comunidades como Cotuí, Maimón y Sánchez Ramírez, donde la minería ha sido motor de empleos, educación técnica y microempresas locales.

Cada vez que un permiso o una concesión se detiene por falta de respuesta, se detiene esa cadena de oportunidades. No es un asunto de minería, sino de país.

Un contexto internacional que favorece a los que deciden

El World Investment Report 2025 de la UNCTAD describe un panorama complejo: la inversión extranjera directa global cayó 11% en 2024, pero la inversión en sectores digitales y extractivos se duplicó.

Mientras el mundo se desacelera, los países que deciden —que otorgan licencias con rigor, pero sin dilación— están captando los capitales que buscan estabilidad, recursos críticos y marcos normativos predecibles.

La República Dominicana, con su potencial geológico, estabilidad macroeconómica y capital humano, puede ser uno de ellos. Pero necesita que sus instituciones actúen con la misma velocidad con que el mundo cambia.

Hacia un nuevo pacto minero

El progreso no se construye en el ruido, pero tampoco en el silencio. Se construye cuando el Estado cumple su palabra, cuando las leyes se aplican y cuando las instituciones deciden con valentía —no por presión, sino por coherencia con la visión de país.

Una nueva Ley Minera, moderna y consensuada, debe convertir la decisión pública en regla y el silencio en excepción. Debe garantizar seguridad jurídica, claridad procedimental y transparencia; y debe ser el punto de partida de un nuevo pacto social donde Estado, empresas y comunidades remen hacia el mismo horizonte.

Porque, al final, como dijo el Tribunal Constitucional, "La Administración no puede ampararse en el silencio sin violentar derechos fundamentales."

Y como recuerda Miguel Valerio, "Hay decisiones que me favorecen más y decisiones que me favorecen menos, pero todas deben basarse en la ley."

Eso —ni más ni menos— es lo que significa un Estado que decide: un país que crece.

Martín Ernesto Valerio Jiminián