La Constitución dominicana: logros, deudas y desafíos quince años después

El 6 de noviembre no es una fecha más en el calendario nacional. Ese día celebramos el nacimiento de la República Constitucional, proclamada en 1844, y nos recordamos que la Constitución no es una reliquia histórica, sino un pacto vivo que demanda reflexión, defensa y cumplimiento.

La Constitución de 2010 marcó un punto de inflexión en el desarrollo institucional dominicano. Por primera vez, el texto no se limitó a organizar los poderes públicos, sino que adoptó un paradigma fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales y la supremacía constitucional como norma de normas.

Con la reforma de 2010 dejamos atrás un Estado meramente legal de derecho para consolidar un Estado constitucional de derecho, donde toda norma encuentra su validez en la Constitución.

Entre los avances más relevantes destacan la creación del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo, la incorporación del bloque de constitucionalidad que reconoce los tratados internacionales de derechos humanos, el reconocimiento de derechos de nueva generación —como el medioambiente sano, la protección de datos personales y el acceso a la información— y el fortalecimiento del control difuso de constitucionalidad, que faculta a todos los jueces a proteger el texto supremo.

Cinco años después, la reforma del 13 de junio de 2015 (Ley 24-15) modificó el artículo 124 e introdujo una disposición transitoria que habilitó la reelección presidencial consecutiva, prohibiendo luego cualquier nueva postulación del mandatario. Aquella modificación alteró el diseño original de 2010, concebido para evitar la concentración del poder político.

Casi una década más tarde, en octubre de 2024, la Asamblea Nacional Revisora aprobó una nueva reforma para cerrar el ciclo reeleccionista, ajustar la organización electoral y modernizar la representación legislativa.

Entre los cambios más relevantes se reafirmó la prohibición de alterar las reglas de elección presidencial, se redujo el número de diputados a 170 para aumentar la eficiencia legislativa y se estableció que el presidente en ejercicio no podrá impulsar reformas constitucionales. El propósito fue fortalecer la estabilidad institucional y blindar el sistema democrático frente a las tentaciones del poder.

Pese a los avances, el constitucionalismo dominicano aún arrastra deudas estructurales. La independencia judicial continúa bajo presión, los derechos sociales —salud, educación, vivienda— siguen siendo más promesa que realidad, y la reiteración de reformas ha erosionado la confianza ciudadana.

Existe, además, una deuda grave: la falta de ejecución de sentencias, incluso del Tribunal Constitucional, lo que vulnera la supremacía constitucional. Consciente de ello, el propio Tribunal creó una Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias para asegurar que sus fallos sean acatados por las autoridades.

El desafío de los próximos años no es reformar la Constitución, sino cumplirla. Requiere fortalecer la institucionalidad democrática, asegurar independencia, transparencia y rendición de cuentas, consolidar la supremacía constitucional y promover la educación cívica desde las aulas para que cada ciudadano reconozca su deber en la defensa de la Carta Magna.

A 15 años de su proclamación, la Constitución de 2010 sigue siendo una de las más avanzadas de la región. Su vigencia real, sin embargo, dependerá de nuestra capacidad para pasar de una Constitución escrita a una Constitución vivida, en la que los derechos no sean concesiones del Estado, sino garantías efectivas de libertad, justicia y dignidad, y donde el poder permanezca siempre subordinado al derecho.

Mayobanex Peña

Abogado con una sólida formación jurídica, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y con un postgrado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Primada de América. Ha complementado su preparación académica con diversos cursos, diplomados y la participación en congresos y seminarios internacionales. A lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado con reconocidas firmas y desarrollado una práctica orientada a la excelencia, la ética y la defensa de los derechos ciudadanos.