¿Será posible la fusión?

Debido a que en algún momento de mi vida estuve involucrado en el proceso de fusión de los ministerios de educación superior y el de educación preuniversitaria, algunos amigos rectores  me preguntan si será posible concretar la misma. 

Dicho proceso se inició en la transición del primer mandato del presidente Abinader al segundo, tiempo  en el cual se hicieron muchos análisis internos  para conocer mejor cómo se gestionaban ambos sistemas a nivel internacional: Europa, Norteamérica, Asia, África  y experiencias en América Latina y el Caribe. Resalta el hecho cierto que en esta zona solo Venezuela, Cuba y República Dominicana tienen ministerios separados, en los demás solo hay uno.

Se tuvo, también, mucha preocupación por el tema de la gestión de la investigación y la innovación en cuyo caso hay una gran diversidad a nivel regional y mundial, pero predomina la gestión de I+D+I en el ministerio como un componente de la universidad y su relación con la empresa. En nuestro caso el mayor interés de las Instituciones de Educación Superior, IES,  se refería, más bien,  a la continuidad del fondo de investigación que administra el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCYT para esa tarea y la carrera de investigadores. Se hicieron cuestionamientos sobre la capacidad del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD para asumir esta tarea tan especializada como lo es la I+D+I.

Para analizar la complejidad de la fusión el Presidente creó, mediante el decreto no.580- 24 del 9 de octubre, una comisión especial presidida  por el ministro del Ministerio de Administración Pública, MAP e integrada por funcionarios del MINERD, del MESCYT y especialistas de la sociedad civil con experiencia en la gestión de universidades. Esta Comisión tenía un plazo de 6 meses para realizar su tarea.

Previo a las primeras reuniones de la referida comisión se hicieron  discusiones  con las asociaciones de universidades y con  las Asociaciones Sin Fines de Lucro, ASFL vinculadas a la educación preuniversitaria. En principio había mucha incertidumbre e incredulidad, no se confiaba en que esa fusión fuera posible, pero las conversaciones iniciales  ayudaron a un clima más favorable, tanto en las asociaciones de IES como personalidades de la sociedad civil que  aceptaron de buen gusto integrar la Comisión creada.

Durante la vigencia de esta Comisión el  Presidente cambió al ministro Darío Castillo del MAP, pero se tenía un camino recorrido y se logró llegar al consenso esperado para elaborar un anteproyecto de ley de fusión. El ministro  Sigmund Freund quedó con la responsabilidad de la versión final en coordinación  con la Consultoría Jurídica de la Presidencia y asesores externos contratados. 

De ese momento hasta hoy han pasado siete meses y el referido anteproyecto de ley de fusión se mantiene con mucha discreción, no ha llega oficialmente a los actores interesados ni  al Congreso Nacional. Resultado de ello el ambiente que prima  es similar el existente cuando se iniciaron las conversaciones: hay dudas, incertidumbre, pérdida de fe en la legitimidad  del proceso, a lo cual se añade el reiterado rechazo de algunos sindicatos.

A la fusión de los referidos ministerios se añadió como complemento  el Marco Nacional de Cualificaciones cuyo proyecto de ley cursa en el Congreso Nacional, pero al parecer con pocos dolientes.  Además, inexplicablemente, la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación que desarrollan instituciones   estatales  se le piensa  atribuir al MAP,  lo cual va más allá de sus responsabilidades  legales. Una agencia independiente, con autonomía, daría mejor resultado.

Es por lo anterior que luce necesario que se retomen las discusiones entre los miembros de la Comisión creada por el Presidente  y el MAP, que  se elabore un único  anteproyecto de  ley de fusión en el cual los actores del proceso educativo y de la I+D+I se sientan representados, incluidos.

En la situación actual las IES desconocen lo que ha hecho el MAP  con el documento consensuado con ellas y en  verdad esta situación no ayuda a la credibilidad del proceso. Luce necesario que las conversaciones entre los diferentes actores sean  retomadas. 

Para las IES es importante que los avances logrados con la Ley No. 139-01 se mantengan, sean fortalecidos, muy especialmente su régimen jurídico, la autonomía de que disfrutan y lo referente a los procesos de aseguramiento de la calidad y sus consecuencias institucionales. También, el marco de financiamiento establecido garantizando el total apoyo a las IES del Estado y aportes a las privadas que lo requieran en base a proyectos concretos de desarrollo institucional y  además,  el financiamiento creciente a la investigación e innovación.

El proceso debe avanzar pero con transparencia, respetando los acuerdos ya establecidos en la Comisión creada por el Presidente. El tiempo que se pierde opera en contra de la fusión.

Ángel Hernández