Reclamar su fiel cumplimiento

La educación superior es uno de los pilares estratégicos del desarrollo de toda nación. Al atraer poblaciones y concentrar capital humano avanzado, al formar investigadores, técnicos y profesionales capaces de resolver problemas locales, mejorar procesos productivos y crear nuevas empresas, las universidades no solo sostienen el progreso nacional, sino que también impulsan el desarrollo regional. Por ello, la distribución territorial de la oferta académica se convierte en un factor esencial para garantizar un crecimiento equilibrado, capaz de reducir desigualdades y proyectar oportunidades en cada región del país.

Pero no basta con instalar centros y extensiones en las regiones. Para que estas puedan ofrecer una formación capaz de convertir el conocimiento en crecimiento inclusivo y de atraer y retener talento, resulta imprescindible otorgarles la autonomía necesaria para orientar su quehacer según las demandas locales, así como el financiamiento que garantice infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas, programas de posgrado y becas. Solo así podrán sostener la investigación, fortalecer la formación avanzada y dar continuidad a proyectos de largo plazo que son esenciales para el desarrollo regional.

Penosamente, el prolongado periodo de crecimiento económico de la República Dominicana se ha producido al margen de políticas sólidas de desarrollo territorial. Desde la muerte de Trujillo, y por iniciativa de grupos locales, en provincias del interior fueron surgiendo universidades privadas que, con una matrícula reducida, lograron desarrollar una oferta educativa lo suficientemente rica para impactar positivamente tanto en el desarrollo de sus regiones como en el de todo país. No obstante, a seis décadas de iniciado este proceso de regionalización, la educación superior pública, que hoy atiende a más de 200 mil estudiantes, no puede exhibir una red de centros y universidades regionales que, operando con la autonomía y el financiamiento necesarios puedan responder de manera adecuada a las demandas y prioridades de sus respectivos territorios. Las decenas de unidades regionales públicas que existen están subordinadas a las sedes centrales de Santo Domingo. Al carecer de una autonomía académica y administrativa, sus programas y servicios se diseñan más en función de los intereses de esas sedes que de las necesidades de las comunidades que deberían atender. Estas unidades nacen condenadas a reproducir una eterna dependencia, en la que todo lo que reciben se otorga como un favor y no como un derecho.

La única institución de educación superior pública creada fuera del área metropolitana de Santo Domingo es la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Su origen no respondió a una iniciativa del gobierno central sino al esfuerzo de las comunidades y del Patronato ProDesarrollo de la Provincia Sánchez Ramírez. Conscientes del papel decisivo de la educación superior en el desarrollo regional, estas instancias decidieron destinar parte de los limitados recursos que reciben de la explotación del oro a la creación de una universidad pública, concebida como motor de oportunidades y de progreso para su territorio. Sin grandes aspavientos, pero con enormes sacrificios, en sus 43 años de existencia, la UTECO ha formado a más de 25,000 profesionales, y acoge en la actualidad a más 7,150 estudiantes regulares en programas de grado y posgrado en áreas como agropecuaria, foresta, geología y minas, e ingeniería.

No obstante, en lugar de reconocer y fortalecer el esfuerzo de una comunidad provincial que ha tenido el coraje para crear y sostener una universidad pública regional, como si quisieran impedir que su ejemplo se multiplique, de manera sistemática, en la asignación presupuestaria, los gobiernos la discriminan. En efecto, en el parágrafo 3, del artículo 63 de la Constitución de la Republica se establece que "la educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones". Empero, en el 2025, el Estado destinó más de RD$20,000 millones al financiamiento directo de UASDS, UTECO, ISFODOSU, ITLA, ITSC y otras instituciones de educación superior pública. La asignación promedio anual por estudiante superó los RD$80,000. En contraste, a pesar de las visitas amistosas de presidentes y ministros y de sus expresiones de buena voluntad, a la UTECO, segunda universidad pública del país, le asignan menos RD$25,000 por estudiante.

Cual que sea la manera como se estime la oferta regional, la asignación presupuestaria a la UTECO es una clara violación de aquel mandato constitucional.  Infelizmente en un país donde ´´nada es nada´´, aquel mandato aún no ha provocado la reorganización de la oferta educativa ni la redistribución de los recursos que debería impulsar. Pero está ahí, vigente, recordándonos que la educación superior pública regional no es un lujo ni una concesión, sino una necesidad estratégica que debe traducirse en políticas públicas efectivas. Esta ahí, esperando que algún día aparezcan lideres regionales con la visión y el valor para reclamar su fiel cumplimiento.

Ramón Flores