Rafael Eugenio RoblesMás allá del apercibimiento: por una DGHSI técnicamente autónoma
La coyuntura legislativa como oportunidad histórica
Los números que presentó este miércoles el ministro Eddy Olivares merecen una lectura que vaya más allá del titular. Cinco mil ochocientas veintisiete inspecciones en el primer bimestre de 2026: una cifra que, vista desde el balcón del optimismo institucional, parece un logro. Vista desde la clínica de la prevención, es el resultado de un electrocardiograma que registra un ritmo irregular en el corazón del mercado laboral dominicano.
Es justo, antes de continuar, reconocer lo que merece reconocerse. El ministro Olivares es, desde su llegada al Ministerio de Trabajo, el primer titular en años que ha puesto su mirada —con genuina intención de reforma— sobre la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial. La presentación de equipos tecnológicos para los inspectores, la creación de un sistema digital de denuncias y la propia magnitud de las jornadas de supervisión revelan una voluntad institucional que no debe subestimarse. El problema no es la mirada del ministro. El problema es que esa mirada todavía no ha sido acompañada por el presupuesto que la haga transformadora.
Los hallazgos del informe no son superficiales. Ausencia de programas de seguridad y salud, falta de Comités Mixtos, riesgos eléctricos, pasillos obstruidos, extintores inexistentes. Quien los lea como meras irregularidades administrativas comete el mismo error que el médico que trata la fiebre sin buscar la infección. Cada una de estas omisiones tiene nombre técnico en el Reglamento 522-06 y tiene, también, consecuencias medibles: accidentes, enfermedades, muertes. Lo que el informe no puede registrar —porque nadie lo registra— es el volumen real del daño silencioso.
Ya en otra ocasión hablaremos sobre las violaciones que "extrañamente" no se mencionan en el informe, como las relacionadas con protección contra caídas, control en excavaciones, personal incompetente, atrapamientos, riesgos psicosociales, higiénicos y ergonómicos y una lista interminable de etcéteras.
Aquí reside la paradoja más inquietante del diagnóstico. El 96% de las actuaciones resultó en actas de apercibimiento (advertencias), no porque los riesgos sean menores, sino porque la mayoría de las empresas intervenidas ni siquiera cuenta con los instrumentos para detectar su propio peligro. Sin el programa de gestión que exige el Artículo 8 del Reglamento 522-06, no hay registro de incidentes. Sin el Comité Mixto que ordena el Artículo 6.1, no hay quien investigue un casi-accidente. El paciente no siente dolor no porque esté sano, sino porque ha perdido la sensibilidad. Lo que no se mide no se gestiona; lo que no se gestiona termina, tarde o temprano, en tragedia.
Los equipos presentados por el ministro —medidores de electricidad, detectores de sonido, drones, cámaras Body CAM— son un avance técnico genuino. Un voltímetro aplicado a una instalación que viola el Artículo 1.41.1 puede salvar la vida que el ojo desnudo no ve en peligro. Pero la tecnología en manos de una estructura débil es una herramienta sin brazo que la sostenga. El propio informe ministerial es, sin proponérselo, el argumento más sólido presentado en años para transformar la DGHSI en un organismo con independencia técnica y criterios propios.
La reforma tiene tres ejes inseparables. El primero es la autonomía técnica y jurisdiccional: la DGHSI debe poder intervenir de manera directa e inmediata en empresas que incumplen el 522-06, sin esperar la mediación de inspectores generales de trabajo. El Artículo 13 del Reglamento ya concede esa facultad ante peligro inminente; lo que falta es la estructura que la haga efectiva. Una dirección técnica no puede depender de la agenda de un viceministerio para actuar donde hay vidas en riesgo.
El segundo eje es la calidad del recurso humano: analistas formados a nivel de posgrado, dotados de flota vehicular propia para llegar donde el riesgo existe antes de que el accidente lo anuncie, y respaldados por la asesoría especializada que puede ofrecer la Sociedad Dominicana de Prevención de Riesgos Laborales (SODOPRELA), cuya membresía reúne la experiencia técnica más calificada del país en esta materia. Evaluar riesgos eléctricos, biológicos o ergonómicos requiere maestrías, no buenas intenciones.
El tercer eje es la jerarquía normativa. El Reglamento 522-06 es hoy un decreto, lo que lo expone a la discrecionalidad administrativa y le resta el peso jurídico que merecen las vidas que protege. Aquí entra la coyuntura que no podemos desperdiciar: el Código de Trabajo cursa un proceso de modificación en el Congreso Nacional, señalado como prioridad por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Esta es la ventana legislativa para elevar el 522-06 a capítulo integral del Código de Trabajo, dotándolo de la permanencia y la jerarquía que una ley orgánica confiere.
El ministro Olivares ha dado pasos que sus predecesores no dieron. Ha mirado en la dirección correcta. Pero una mirada sin músculo presupuestario produce diagnósticos, no curaciones. La respuesta al informe de este miércoles no puede seguir siendo la advertencia que otorga margen para la corrección voluntaria: debe ser una política de Estado con independencia profesional, respaldo legal y recursos reales. El momento es ahora, el argumento está en el propio informe, y la oportunidad legislativa no se repetirá en años.
Rafael Eugenio RoblesDoctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.