Cuidado con los cantos de sirena: no es la democracia, es el costo de hacer cumplir la ley

Cada cierto tiempo reaparece una idea peligrosa que gana terreno en la conversación pública: culpar a la democracia del desorden, atribuyéndole la inseguridad, la falta de autoridad e incluso la incapacidad del Estado para hacer cumplir las reglas.

Mientras, al mismo tiempo, se posicionan discursos que promueven la mano dura como si el problema estuviera en el sistema y no en la forma en que se ejerce.

La confusión surge porque la democracia no es la que decide no hacer cumplir la ley; quienes toman esa decisión son los gobiernos, que muchas veces prefieren evitar el costo político que implica actuar, aunque no podemos ignorar que aplicar la ley incomoda, genera resistencia y afecta intereses.

Sin embargo; la experiencia ha demostrado que esas decisiones difíciles son precisamente las que, a largo plazo, han permitido enderezar rumbos y a los gobiernos dejar legados.

Cuando ese costo se evita, el resultado es un comportamiento ciudadano desafiante e irreverente, que termina creando una cultura burlona donde las normas existen, pero no se aplican.

Y, por otro lado, las instituciones operan a medias y crece una percepción de incoherencia entre el discurso oficial y la realidad.

Una brecha que no nace de la democracia, sino de la decisión de no ejercerla con todas sus consecuencias.

En ese espacio se fortalecen narrativas que prometen orden sin matices, planteando soluciones rápidas a cambio de reducir controles, debilitando contrapesos o concentrando poder.

Repitiendo una lógica que históricamente ha seducido a sociedades cansadas del desorden, pero que suele tener costos institucionales más profundos de lo que aparenta en el corto plazo.

El politólogo Steven Levitsky, ha advertido que las democracias rara vez colapsan de forma abrupta, sino que se erosionan gradualmente cuando los propios actores políticos justifican atajos en nombre de la eficacia, convirtiendo decisiones coyunturales en precedentes que terminan debilitando las reglas que sostienen el sistema.

Reconocer este punto no implica idealizar la democracia como un sistema perfecto.

En el caso dominicano, durante las últimas décadas se ha intentado resolver problemas relativamente simples mediante la creación constante de leyes e, incluso, llevando muchas de esas soluciones al nivel constitucional, generando un marco normativo amplio que, en la práctica, termina aplicándose de manera limitada.

Esa tendencia a legislar por acumulación, sin garantizar la ejecución efectiva, ha contribuido a debilitar la percepción de autoridad del Estado, porque no se trata de cuántas normas existan, sino de hacer cumplir de forma consistente lo que ya está establecido.

Produciéndose entonces una distorsión peligrosa; se confunde la abundancia de reglas con la capacidad de gobernar, cuando, en realidad, el desafío central sigue siendo hacer cumplir lo que ya está establecido, aun cuando eso implique asumir costos políticos en el presente.

Por eso, la discusión de fondo no debería centrarse en sustituir la democracia, sino en corregir la forma en que se ejerce, fortaleciendo la coherencia institucional y la disposición a aplicar la ley sin excepciones selectivas ni cálculos coyunturales.

En ese punto se define la credibilidad del sistema, porque cuando las reglas se aplican de manera consistente, la democracia deja de percibirse como un problema y comienza a funcionar como lo que es; un marco que permite ordenar, corregir y sostener el desarrollo en el tiempo.

Carlos Del Pozo