Cada treinta años, la República Dominicana vuelve a preguntarse quién quiere ser

En 1961, cuando muere Trujillo, nadie sabía exactamente qué vendría después. El país tenía Estado, tenía territorio, tenía población, pero no tenía práctica de decidir colectivamente. Esa incertidumbre —qué tipo de nación queremos ser— no desapareció con el dictador. Regresa, con distintas formas, aproximadamente cada tres décadas.

No se trata de afirmar que la historia obedece mecánicamente a ciclos exactos. La vida de los pueblos es más compleja que cualquier calendario. Pero sí resulta llamativo que, en esos intervalos, la República Dominicana haya enfrentado una definición profunda sobre su modelo de poder, su forma de convivencia y su idea de desarrollo.

El primer gran ciclo del siglo XX dominicano fue el de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, entre 1930 y 1961. No fue solo un régimen político. Fue una forma de organizar el Estado, la economía, el miedo, la obediencia y la vida pública. Durante más de treinta años, la autoridad se confundió con control, el orden con sometimiento y el Estado con una sola voluntad.

Ese ciclo dejó una huella profunda. Instaló una cultura política donde el poder personal podía sustituir a las instituciones, donde la estabilidad podía confundirse con silencio y donde la ciudadanía quedaba subordinada al mando. La pregunta de ese tiempo no fue cómo convivir, sino cómo obedecer.

Luego vino el segundo ciclo, el de la transición (1961–1996): la caída de Trujillo, la crisis de abril de 1965 y la intervención estadounidense, los doce años de Balaguer, la irrupción del PRD y la alternancia con Jorge Blanco, y finalmente la disputa de 1994 que derivó en el Pacto por la Democracia.  El país intentó organizar una vida política después del trauma autoritario. La democracia no nació plena; fue construyéndose entre tensiones, liderazgos fuertes, partidos de masas, desconfianza institucional y una necesidad urgente de evitar nuevas fracturas.

Ese segundo ciclo fue el de la convivencia posible. La pregunta ya no era cómo obedecer, sino cómo competir políticamente sin destruirnos. Fue un período de aprendizaje democrático, con avances, retrocesos, heridas y pactos. Su cierre simbólico puede ubicarse en 1996, cuando la alternancia política expresó el inicio de una etapa más plural, más moderna y más competitiva.

A partir de los años noventa, la República Dominicana entró en otro ciclo: el de las reformas, la apertura y el crecimiento. Fue el tiempo de la modernización económica, de la expansión del turismo, las zonas francas, los servicios, las telecomunicaciones, la inversión extranjera, la infraestructura y una mayor inserción internacional. También fue un período de reformas institucionales, nuevas demandas sociales, modernización constitucional y ampliación de derechos.

Ese tercer ciclo tuvo una pregunta distinta: cómo crecer, cómo abrirnos al mundo y cómo superar el atraso material. Y en muchos sentidos, el país avanzó. La República Dominicana de 2020 era muy distinta a la de 1990. Más urbana, más conectada, más compleja, más exigente y con mayores capacidades económicas.

Pero cada ciclo produce también sus propias contradicciones. El ciclo de la modernización dejó crecimiento, pero no siempre orden. Dejó instituciones formales, pero no siempre confianza. Dejó expansión económica, pero también desigualdades persistentes. Dejó leyes, pero no siempre cumplimiento. Y dejó una ciudadanía más activa frente a un Estado que muchas veces no sabe cómo procesar conflictos complejos sin improvisar.

Por eso, el ciclo 1990–2020 no debe leerse como un fracaso. Fue un ciclo de avances importantes. Pero el país ya no solo discute crecimiento: discute confianza. Ya no solo exige inversión: exige legitimidad. Sus respuestas ya no bastan para las preguntas actuales.

El problema de la República Dominicana no es que no haya avanzado. El problema es que muchas de las herramientas que explicaron su avance ya no son suficientes para gobernar la complejidad del presente.

El nuevo ciclo, iniciado alrededor de 2020, no puede ser respondido solo con más leyes, más obras o más discursos. Necesita algo más difícil: mejores decisiones. La gran pregunta ya no es únicamente cómo crecer, sino cómo construir un Estado capaz de decidir con autoridad técnica, legitimidad social y sentido de futuro.

En otras palabras, el país debe pasar de la modernización material a la madurez institucional.

Madurar institucionalmente significa dejar de depender exclusivamente del liderazgo presidencial, de las coyunturas favorables o de la capacidad de apagar crisis. En términos concretos: que las instituciones reguladoras decidan con criterio técnico; que la administración pública aplique la ley con igualdad; que el ordenamiento territorial deje de ser una promesa pendiente; que los órganos de control actúen con independencia, y que las políticas públicas no se reinicien con cada cambio de gobierno. Son los puntos donde el país pierde credibilidad, tiempo y confianza todos los años.

Implica que el Estado escuche, pero no sea rehén del ruido. Que el sector privado invierta, pero comprenda que la legitimidad social también forma parte del desarrollo. Que la ciudadanía proteste, pero acepte que la convivencia democrática necesita reglas. Que las instituciones regulen, pero lo hagan con técnica y no con arbitrariedad. Que las políticas públicas sobrevivan a los gobiernos. Que el progreso no se mida solo en crecimiento económico, sino también en confianza.

Cada treinta años, aproximadamente, la República Dominicana parece volver a una pregunta esencial. En un momento fue cómo salir del poder absoluto. Luego, cómo organizar la convivencia democrática. Más tarde, cómo crecer, abrirse y modernizarse.

Hoy la pregunta es distinta.

La República Dominicana debe decidir si quiere entrar en un ciclo de madurez institucional o si seguirá administrando con herramientas viejas problemas cada vez más complejos.

El país aprendió a sobrevivir, luego a estabilizarse, luego a crecer.

Ahora le toca aprender a confiar, deliberar y decidir mejor.

Porque quizás esa sea la gran tarea del nuevo ciclo: que la República Dominicana no solo vuelva a preguntarse quién quiere ser, sino que finalmente construya las instituciones necesarias para responderlo.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.