La libertad de expresión también puede perderse entre algoritmos

Durante siglos, la mayor amenaza a la libertad de expresión tuvo un rostro reconocible: el censor. Un monarca, un gobierno, un partido, cualquier autoridad capaz de prohibir ideas. Por eso las democracias modernas construyeron un andamiaje constitucional para protegerla frente al poder estatal.

El siglo XXI nos enfrenta a otra realidad: nunca fue tan fácil hablar y, a la vez, tan difícil entender por qué unas voces llegan a millones y otras desaparecen sin dejar rastro. Kyle Chayka lo explica en Filterworld: los algoritmos dejaron de ser herramientas para convertirse en arquitectos invisibles de nuestra experiencia. No censuran en el sentido clásico. Filtran.

El punto ciego del debate dominicano

Ese fenómeno resulta oportuno pensarlo aquí. Desde la Ley Orgánica 74-25, que instituye el nuevo Código Penal y entra en vigencia en agosto, el país discute con intensidad los artículos sobre difamación, injuria y ultraje. El Colegio Dominicano de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios advierten posibles choques con el artículo 49 de la Constitución, que ampara la libre expresión sin censura previa, aunque sujeta al honor y la intimidad de terceros. La etiqueta "ley mordaza" —sin corresponder a norma alguna con ese nombre— condensa el temor de que artículos como el 211 o el 310 disuadan la crítica al poder. El Congreso ya pondera excluir de ellos la crítica, la denuncia y la sátira.

Es una discusión difícil y necesaria, pero se libra casi por completo sobre un solo eje: los límites del Estado. Ahí está su punto ciego. Quién decide hoy qué conversación llega a la sociedad ya no depende solo de la prensa o del propio Estado, sino de sistemas algorítmicos privados cuya lógica rara vez conocemos, y que ningún artículo del nuevo Código contempla.

Dos garantías, no dos derechos en conflicto

La legitimidad de una decisión pública —una sentencia, una resolución, una reforma legal— depende del respeto a las instituciones y a los procedimientos que la producen, no solo del resultado. Aplicado a este debate, conviene precisar algo que se ha ido diluyendo: la libertad de expresión y el debido proceso no son derechos que compitan entre sí, sino garantías complementarias. Una democracia sana necesita ambas cosas a la vez: ciudadanos libres para opinar, denunciar y criticar sin miedo a la cárcel, y personas físicas o morales —cualquiera sea su cargo o su notoriedad— protegidas frente a condenas anticipadas, vengan del Estado a través de un artículo penal mal redactado o de una multitud digital que ya sentenció antes de que hable un juez.

Este matiz importa porque el argumento de este artículo no exime de responsabilidad a quien difama, incita o presiona indebidamente un proceso en curso; exige, en todo caso, que esa responsabilidad se determine donde corresponde —en un tribunal, con las garantías del debido proceso— y no en la velocidad de un algoritmo de recomendación ni en el veredicto exprés de una audiencia enardecida. El problema no es que la gente hable con pasión: es que el diseño de las plataformas premia la indignación instantánea por encima del proceso pausado, sea el de un juicio o el de una deliberación pública informada. Reclamar transparencia algorítmica y reclamar debido proceso son, en el fondo, la misma exigencia: que ninguna decisión que afecte a una persona —culpable o inocente— se tome fuera de reglas conocidas y revisables.

Cuatro pensadores para nombrar lo que ya intuíamos

Tocqueville advirtió que la mayor amenaza a una democracia igualitaria no sería un tirano, sino "la tiranía silenciosa de la opinión mayoritaria y el repliegue del individuo sobre sí mismo". La personalización algorítmica actualiza esa advertencia: en vez de una mayoría, es un sistema de recomendación el que va estrechando, clic a clic, el horizonte de cada persona.

Arendt entendía la esfera pública como un "espacio de aparición": el lugar donde compartimos un mundo común de hechos que hace posible la política. Cuando ese mundo se disuelve en millones de realidades paralelas, no desaparece la posibilidad de hablar; desaparece la de aparecer juntos ante los mismos hechos.

Habermas ligó la legitimidad democrática a la deliberación racional en condiciones simétricas de acceso. Los algoritmos, diseñados para maximizar atención y permanencia, no fueron construidos para eso: premian la reacción inmediata, no el argumento sostenido.

Y Sunstein, en republic.com, documentó cómo filtrar la información según nuestras preferencias produce cámaras de eco y polarización: "cuando los afines solo se escuchan entre sí, sus posiciones no se moderan, se radicalizan".

Pero la voz que pone nombre y filo a lo que está en juego es la de Shoshana Zuboff. En La era del capitalismo de vigilancia, sostiene que las plataformas no solo organizan contenido: convierten la experiencia humana en materia prima gratuita, la transforman en datos y los venden para predecir y modificar que haremos después. Es una forma de poder ejercida al margen de todo contrato social, a una escala que ningún poder estatal había alcanzado antes en tiempos de paz. No es un efecto colateral de la innovación: es una lógica de acumulación deliberada, expandida en el vacío regulatorio que las democracias le dejaron. Si el filtro algorítmico ejerce poder sobre la conversación pública, Zuboff añade le busca la quinta pata al gato: ¿quién se beneficia de que ese poder permanezca invisible?

Lawrence Lessig ofrece la salida conceptual: en el entorno digital, el código regula la conducta con la misma fuerza que la ley, solo que nadie lo vota. Si el código regula, debe someterse —como la ley— a algún principio de responsabilidad pública.

Hacia una gobernanza democrática de los algoritmos

Cuando un algoritmo decide qué aparece primero, qué queda invisible o qué se vuelve tendencia, ejerce una forma de poder. No necesariamente ilegítimo, pero sí uno que moldea la opinión pública, y todo poder sobre bienes públicos merece transparencia. Esto no significa entregar al Estado el control de los algoritmos —sería sustituir un riesgo por otro, como la propia discusión sobre la "ley mordaza" demuestra— sino evitar que las decisiones tecnológicas queden fuera de todo escrutinio. El artículo 49 protege la relación entre el ciudadano y el Estado; nada en su letra, ni en la reforma que hoy revisa el Congreso, contempla que ese mismo derecho pueda erosionarse sin que nadie prohíba nada, simplemente porque un sistema privado decide qué conversación merece ser vista.

Durante décadas se ha defendido la libertad de expresión frente al Estado. Esa tarea sigue viva, y la República Dominicana la ejerce hoy en su Congreso. Pero el presente exige ampliar la pregunta: cómo proteger esa misma libertad cuando la circulación de las ideas depende de arquitecturas digitales que casi nadie conoce y prácticamente nadie elige. Porque la libertad de expresión no solo se pierde por censura. También puede diluirse silenciosamente entre algoritmos.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.