¿Por qué pesan tanto los impuestos?

Cada vez que en la República Dominicana se plantea una reforma fiscal aparece el mismo argumento: nuestra presión tributaria ronda apenas el 14.3 % del PIB, una de las más bajas de América Latina. La conclusión parece obvia: el Estado recauda poco porque cobra pocos impuestos. Por tanto, la solución consiste en recaudar más.

Es un argumento sencillo.

También puede ser el diagnóstico equivocado.

No porque la cifra sea falsa. La presión tributaria oficial está correctamente calculada. El problema es que responde a una pregunta distinta de la que realmente deberíamos hacernos. La verdadera discusión no es cuánto recauda el Estado sobre el PIB total, sino cuánto recauda sobre la economía que realmente soporta el peso de la tributación.

Y cuando cambia la pregunta, cambia también la respuesta.

La República Dominicana recibe cada año un flujo extraordinario de remesas. En 2025 superaron los US$11,800 millones, cerca del 11 % del PIB, y más del 94 % terminó financiando el consumo de los hogares.

Las remesas no son el problema. Constituyen uno de los mayores activos económicos del país y la demostración más contundente del esfuerzo de millones de dominicanos que encontraron oportunidades fuera de nuestras fronteras.

Pero precisamente por su naturaleza debemos comprender correctamente su efecto.

Ese dinero no fue producido por la economía dominicana ni por su aparato productivo. Fue generado y tributado en el exterior. Al llegar al país dinamiza el comercio, los servicios y la producción local.

En otras palabras, las remesas subsidian la economía. No subsidian al Estado.

Y aquí comienza la distorsión.

Una parte importante del consumo que financian amplía la actividad económica sin ampliar en la misma proporción la base sobre la cual realmente recauda el Estado. El crecimiento existe, pero no necesariamente la capacidad tributaria que suele suponerse cuando se observa únicamente la presión tributaria sobre el PIB.

A esto se suma un error conceptual que rara vez forma parte del debate público: confundir informalidad laboral con informalidad productiva. No son lo mismo. La primera mide trabajadores; la segunda mide dónde se genera el valor agregado. Por eso no puede asumirse que el porcentaje de empleo informal equivale al porcentaje del PIB que escapa al circuito formal.

La literatura académica disponible estima que la economía no observada representa entre 35.5 % y 38 % del PIB dominicano. Eso significa que la economía formal genera aproximadamente dos terceras partes de la producción nacional. Vista desde esa perspectiva, la carga tributaria efectiva sobre quienes realmente producen y tributan ronda entre 22 % y 23 %, un nivel comparable al promedio latinoamericano.

Eso obliga a replantear toda la discusión.

Quizá el problema dominicano nunca fue una baja presión tributaria.

Quizá siempre fue una base tributaria demasiado estrecha.

Durante años hemos discutido cómo recaudar más. Tal vez la prioridad debió ser ampliar la base productiva, elevar la productividad, reducir la informalidad e incorporar más empresas y trabajadores al circuito formal.

Existe, además, una hipótesis que la literatura internacional ha comenzado a explorar: flujos externos estables y persistentes, como las remesas, pueden aliviar parte de las presiones que normalmente impulsan reformas estructurales. No afirmo que esa sea la explicación definitiva para la República Dominicana, pero sí creo que es una pregunta que merece ser formulada.

Porque mientras discutíamos cuánto más debía recaudar el Estado, dejamos de discutir cómo hacer crecer la economía que realmente lo financia.

Y hoy esa discusión adquiere una urgencia completamente distinta.

El mundo está entrando en un nuevo ciclo económico impulsado por la inteligencia artificial, la automatización, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la transición energética y una competencia cada vez mayor por el talento y el capital.

También la relación con nuestra diáspora está cambiando. Durante décadas las remesas fueron el principal vínculo económico con el país. En los próximos años, la inversión, el comercio, el mercado de capitales, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento deberán convertirse en los nuevos pilares de esa relación.

Ese cambio exige una transformación equivalente del Estado.

Hoy la República Dominicana cuenta con más de 780,000 servidores públicos, aproximadamente uno por cada catorce habitantes, y el empleo público representa cerca del 13.5 % de la fuerza laboral, situando al país entre los mayores empleadores públicos de América Latina. Esa realidad obliga a preguntarnos no solo cuánto recauda el Estado, sino también si su tamaño, su estructura y sus incentivos responden a los desafíos del desarrollo que viene.

El modelo que permitió el crecimiento de las últimas décadas generó avances importantes para el país. Pero los desafíos de la próxima generación serán distintos. Requerirán un Estado más eficiente, capaz de crear confianza, promover la productividad, facilitar la inversión y ampliar la base de riqueza, no simplemente administrar su redistribución.

La próxima discusión fiscal no debería comenzar preguntando cuánto más puede recaudar el Estado.

Debería comenzar preguntando qué Estado necesita la República Dominicana para competir en la economía del siglo XXI.

Porque ningún país se desarrolla aumentando indefinidamente la carga sobre quienes producen.

Se desarrolla ampliando el número de quienes pueden producir.

Y el verdadero problema fiscal dominicano no comienza cuando el Estado recauda poco.

Comienza cuando confundimos una base tributaria estrecha con una licencia permanente para expandir el Estado.

Rafael Paz

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El autor es especialista en Gobernabilidad y Gestión Pública y fue Director de Competitividad de la República Dominicana.