Pablo UlloaSánchez Ramírez: convertir la riqueza en capacidad
Más allá del oro, la provincia cuenta con arroz, cacao, piña, cítricos y ganadería
La productividad de una provincia no debe medirse solamente por cuánto extrae, cultiva o almacena, sino por cuánto desarrollo consigue producir con cada uno de esos recursos. Sánchez Ramírez reúne oro, agua, agricultura, conocimiento e inversión. Su desafío es convertir esa riqueza en capacidades que permanezcan: empresas más competitivas, familias con autonomía económica, conocimiento transferible, instituciones capaces de resolver conflictos y recursos naturales administrados con visión de largo plazo.
Recorrer Sánchez Ramírez obliga a mirar la productividad desde una perspectiva distinta. La provincia no necesita descubrir sus recursos: los tiene. Posee una de las operaciones mineras más importantes del país, la presa de Hatillo, una extensa tradición agropecuaria y una universidad estrechamente vinculada con su desarrollo. La pregunta relevante es otra: ¿cuánto desarrollo puede obtener de cada unidad de riqueza que ya genera?
La provincia tenía 162,642 habitantes en el Censo de 2022 y, en 2023, el oro representó alrededor del 99 % de sus exportaciones. Esa concentración demuestra al mismo tiempo la magnitud económica de Pueblo Viejo y la necesidad de fortalecer una estructura productiva más diversificada. La minería genera divisas, impuestos, empleos, tecnología y demanda, pero el verdadero salto ocurre cuando esos flujos dejan capacidades capaces de sobrevivir al ciclo minero.
Pueblo Viejo permite dimensionar esa oportunidad. Durante 2025 pagó RD$40,068.6 millones en impuestos directos y regalías. Pero para comprender mejor su impacto territorial me interesa otro indicador: sus compras locales alcanzaron US$48.5 millones durante ese año y acumulaban otros US$31.6 millones a mayo de 2026. A través de programas de desarrollo de proveedores, empresas de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel reciben asistencia para mejorar gestión, planificación, seguridad y capacidad operativa. Solo dentro de Nuevos Horizontes, 97 proveedores locales suministraron bienes y servicios por RD$24.6 millones.
Ahí aparece una buena práctica que merece atención. Una gran empresa puede comprar localmente sin transformar realmente el territorio o puede utilizar su demanda, sus estándares y su conocimiento para elevar las capacidades de quienes le suministran. La diferencia es fundamental. El objetivo no debería ser crear proveedores dependientes de la mina, sino empresas que, después de trabajar con ella, estén en mejores condiciones para competir con cualquier cliente. Una mina tiene una vida útil; una empresa que aprendió a producir mejor puede permanecer durante generaciones.
Esa misma lógica adquiere una dimensión más humana en Nuevos Horizontes. Al cierre del segundo trimestre de 2026, Barrick reportaba más de 632 viviendas terminadas y 570 familias reasentadas. Durante mi visita me interesó particularmente lo que ocurre después de entregar las llaves: acompañamiento, producción familiar, recuperación de ingresos, educación financiera y reconstrucción de la vida económica. Construir una vivienda es una entrega; restablecer un medio de vida es un proceso. Cuando una familia pierde el entorno donde producía, comercializaba o generaba ingresos, sustituir el activo físico no basta. También hay que recuperar capacidad económica.
Conozco ese proceso desde una dimensión que trasciende la visita reciente. Fue a solicitud tanto de Pueblo Viejo como de las comunidades afectadas que se abrió paso a una mediación pública institucional. En 2025 acompañé ese proceso como Defensor del Pueblo, junto al obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, y con la facilitación del Gobierno dominicano. Existían diferencias sobre terrenos, cultivos, compensaciones, residencias y condiciones del reasentamiento. Después de numerosas reuniones, el 11 de junio de 2025 se alcanzó un acuerdo sobre los asuntos pendientes, con una inversión superior a RD$20,000 millones, incluyendo viviendas, servicios esenciales y planes para restaurar medios de vida y actividades productivas.
Que fueran la empresa y las propias comunidades quienes recurrieran voluntariamente a una mediación pública contiene una enseñanza importante. Las instituciones también producen valor cuando consiguen convertir conflicto en procedimiento, posiciones enfrentadas en compromisos verificables y desconfianza en condiciones para volver a planificar. El conflicto mal gestionado reduce productividad: aumenta incertidumbre, retrasa inversiones, consume recursos y deteriora la confianza necesaria para que familias, empresas y Estado puedan tomar decisiones de largo plazo.
Por eso es posible reconocer buenas prácticas de Pueblo Viejo sin convertir ese reconocimiento en una exoneración. El desarrollo de proveedores, la restauración de medios de vida y el Monitoreo Ambiental Participativo son mecanismos valiosos porque incorporan participación, información y capacidad de verificación. Pero ningún programa social sustituye las obligaciones ambientales. La relación entre minería, agricultura, comunidades y agua debe sostenerse sobre evidencia científica, transparencia, monitoreo y capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir las normas.
Y el agua conduce al segundo gran activo económico de Sánchez Ramírez: la presa de Hatillo. El embalse tiene una capacidad de diseño de 441.61 millones de metros cúbicos, una potencia instalada de 8 megavatios y un área de irrigación proyectada de 228,928 tareas. Su importancia supera la generación eléctrica: allí convergen agricultura, pesca, abastecimiento, biodiversidad, turismo y posibilidades de desarrollo económico. Hatillo no es solamente una obra hidráulica; es capital productivo territorial.
La agricultura permite entenderlo con claridad. Las labores ejecutadas por el INDRHI en el drenaje Pontón, en Angelina, impactan unas 36,000 tareas arroceras. La productividad agrícola depende de semillas, mecanización y tecnología, pero también de cómo se administra el agua, los drenajes y la infraestructura. Una tarea inundada o sin disponibilidad hídrica suficiente pierde productividad antes de que el productor pueda aplicar cualquier otra mejora. Por eso encontré particularmente importante el esfuerzo de la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez, presidida por Francisco Sánchez Mena, alrededor de la situación de Hatillo. Durante 2026 la Cámara colocó públicamente sobre la mesa el deterioro observado en sus aguas, reclamó respuestas sustentadas en criterios científicos y vinculó correctamente el problema con sus efectos sobre la pesca, el turismo, la agricultura y otras actividades económicas. No estaba defendiendo solamente intereses empresariales particulares; estaba defendiendo un activo territorial.
Cuando me reuní con la Cámara, esa preocupación ocupó una parte central de la conversación. Entendí que no debía quedar como una demanda más y por eso gestioné una reunión con el ingeniero Rafael Salazar, administrador de EGEHID, para conectar directamente la preocupación territorial con una de las instituciones responsables del aprovechamiento del embalse. No se trataba simplemente de conseguir una cita. Se trataba de reducir la distancia entre quienes viven diariamente el problema y quienes tienen capacidad institucional para intervenir sobre él.
Salazar había planteado semanas antes, durante un encuentro organizado por UTECO, la necesidad de proteger las cuencas que alimentan Hatillo y aprovechar el embalse desde una visión integral. Ese enfoque coincide con lo que pude escuchar en la provincia: el agua no puede administrarse por compartimentos. Consumo humano, agricultura, generación eléctrica, pesca, turismo y conservación compiten y se complementan alrededor del mismo recurso. La productividad del agua aumenta cuando obtenemos más bienestar económico y social de cada metro cúbico sin comprometer su disponibilidad futura.
Ahí aparece uno de los principios que estos recorridos me han confirmado: la coordinación también es productividad. Cuando una Cámara de Comercio identifica un problema, una universidad aporta conocimiento, una comunidad presenta evidencia, una empresa modifica prácticas y una institución pública responde, se reducen costos de transacción y aumentan las posibilidades de solución. No hemos creado más agua ni más tierra; hemos conseguido que los recursos existentes puedan administrarse mejor.
Sánchez Ramírez, además, no comienza ni termina en la minería. El arroz, el cacao, la piña, los cítricos y la ganadería forman parte de una estructura productiva que permanecerá mucho después del ciclo extractivo. UTECO aporta conocimiento; Hatillo, agua; Pueblo Viejo, capital, tecnología y demanda; las empresas locales, capacidad productiva; y la Cámara de Comercio, articulación. El verdadero salto ocurrirá cuando estos activos dejen de funcionar como economías paralelas y comiencen a reforzarse entre sí. Por eso debemos evaluar el desarrollo provincial con una vara más exigente. No basta con medir impuestos, exportaciones o metros cúbicos almacenados. Hay que preguntar cuántos proveedores podrán competir fuera de la minería, cuántas familias recuperaron autonomía económica, cuánto conocimiento quedó instalado y cuánto desarrollo somos capaces de producir con el agua de Hatillo.
Esa es la lección que Sánchez Ramírez puede aportar al país: no basta con medir cuánto recurso posee un territorio; debemos medir cuánto desarrollo obtiene de cada unidad de ese recurso. Esa es la diferencia entre riqueza y productividad. El oro eventualmente se agota. Las inversiones concluyen. El agua puede degradarse si no se protege. Pero permanecen las empresas que aprendieron a competir, las familias que recuperaron capacidad productiva, los jóvenes que adquirieron conocimientos y las instituciones que aprendieron a resolver problemas conjuntamente.
Al finalizar el recorrido comprendí que la mayor riqueza de Sánchez Ramírez no está solamente debajo de la tierra ni almacenada detrás de una presa. Está en la posibilidad de transformar ambos activos en algo mucho más difícil de construir: capacidad propia. La verdadera productividad comienza cuando un territorio deja de medir su riqueza únicamente por lo que extrae, produce o almacena y comienza a medirla por todo aquello que consigue dejar construido.
Pablo UlloaDefensor del Pueblo de la República Dominicana.