Juegos de azar: el verdadero reto comienza ahora

La aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana marca el inicio de una nueva etapa para una industria que, durante años, ha operado bajo un marco regulatorio que hoy se encamina hacia una profunda transformación.

Mientras el proyecto permanece a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, los operadores del sector no deberían asumir una posición pasiva. Por el contrario, este es el momento oportuno para comenzar a evaluar qué tan preparadas están sus estructuras para responder a las nuevas exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento.

Uno de los principales cambios planteados es la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano de fiscalización. A esto se suma un período de adecuación de un año para que los operadores existentes regularicen su situación, actualicen su documentación y realicen las adecuaciones tecnológicas requeridas.

Las concesionarias de loterías electrónicas con contratos estatales también deberán afrontar un proceso de transición hacia un nuevo esquema de licenciamiento. Al mismo tiempo, aumentarán las exigencias relacionadas con la transparencia corporativa, incluyendo un mayor control sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales.

El crecimiento de los juegos de azar por internet representa otro de los grandes desafíos. La operación en línea estará sujeta a licencias y controles específicos destinados a combatir las operaciones no autorizadas, lo que obligará a los operadores a revisar sus plataformas, mecanismos de identificación, sistemas de control y procesos internos.

También cambia la perspectiva sobre las licencias. El proyecto establece diferentes períodos de vigencia según la actividad: tres años para bingos; cinco años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y diez años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet.

Pero la transformación no será exclusivamente administrativa o tecnológica. El juego responsable adquiere un papel central, con medidas orientadas a la protección de menores y la prevención de conductas adictivas, incluyendo avisos obligatorios en los establecimientos.

Desde mi perspectiva, uno de los aspectos que merece mayor atención es el régimen sancionador. El nuevo escenario no debe entenderse simplemente como un proceso para obtener una licencia, sino como la obligación de mantener un estándar permanente de cumplimiento durante toda su vigencia.

Las consecuencias previstas ante determinados incumplimientos pueden abarcar desde sanciones administrativas hasta penas de prisión de hasta diez años para directivos y accionistas, dependiendo de la infracción y de las responsabilidades establecidas en la legislación.

Por eso, más que esperar a que comiencen a correr los plazos de adecuación, los operadores deberían comenzar desde ahora un diagnóstico regulatorio integral de sus negocios: revisar documentación, estructura societaria, beneficiarios finales, plataformas tecnológicas, procesos de cumplimiento, publicidad, controles internos y políticas de juego responsable.

La nueva regulación también plantea una reflexión más profunda sobre el futuro de la industria. La formalización no puede limitarse a cumplir con requisitos documentales; debe traducirse en una cultura empresarial donde el cumplimiento sea parte de la operación cotidiana.

La República Dominicana está entrando en una etapa en la que la regulación de los juegos de azar exigirá mayor organización, transparencia y responsabilidad. Para los operadores, el desafío será adaptarse a tiempo y comprender que el cumplimiento ya no puede verse como una obligación secundaria, sino como un componente esencial de la sostenibilidad del negocio.

El verdadero reto comienza ahora.

No habrá una transformación efectiva mientras cumplir la ley resulte más costoso que incumplirla. Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias.

Yamile Gutiérrez