Este país no puede olvidar formarse
La educación como infraestructura productiva de la República Dominicana

Hace unos días escuché en INICIA el podcast un conversatorio sobre la educación como obsesión nacional. Es un planteamiento justo que con frecuencia ignoramos: el recurso más estratégico de República Dominicana no son nuestros puertos, ni nuestros balances financieros, ni nuestros minerales, sino en la capacidad de su gente para aprender, organizar conocimiento y convertirlo en resultados. Por eso la educación no puede seguir tratándose solo como un derecho o un instrumento de movilidad social. Es, ante todo, infraestructura productiva.
Una carretera mueve mercancías, una línea de transmisión lleva electricidad y un puerto conecta nuestra producción con el mundo. Pero alguien tiene que diseñar la carretera, mantener la red, operar el puerto, programar los sistemas y regular actividades cada vez más complejas. El capital humano es la infraestructura que permite construir todas las demás.
Hoy el país discute cómo insertarse en la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos, las energías renovables, la logística y el turismo de mayor valor agregado. Las oportunidades crecen, pero nos hemos preguntado lo siguiente: ¿tenemos las capacidades humanas para aprovecharlas?
El problema no se limita a la formación individual. Un país puede tener personas muy capaces e instituciones incapaces de aprovecharlas: empresas que contratan buenos profesionales y luego penalizan la iniciativa, o administraciones públicas con funcionarios preparados atrapados en procedimientos donde es más seguro no decidir que decidir. El talento individual no garantiza capacidad institucional.
Estamos, en definitiva, formulando las preguntas en el orden equivocado. Debatimos qué sectores desarrollar, qué industrias atraer y dónde invertir, cuando antes deberíamos preguntarnos qué necesitamos aprender para competir. Ninguna política industrial, turística, minera o energética puede ser mejor que las capacidades humanas disponibles para ejecutarla.
La solución empieza por convertir la educación de política sectorial en estrategia de desarrollo, conectada con las necesidades reales de la economía. El turismo requiere idiomas, tecnología y gestión; las zonas francas, especialistas en procesos sofisticados; la agricultura, agrónomos, automatización y datos; la energía, ingenieros capaces de administrar redes más complejas; la minería, geólogos, técnicos ambientales y gestores de relaciones comunitarias; la economía digital, programadores, matemáticos y científicos de datos. Y el Estado necesita talento suficiente para comprender, regular y acompañar esas transformaciones.
Esa capacidad no se improvisa ni se legisla. Se construye en escuelas, universidades e institutos técnicos; en empresas que forman a sus trabajadores; en administraciones que profesionalizan sus equipos; y en una sociedad que vuelve a conceder prestigio al conocimiento, al oficio y a la excelencia.
Exige, además, instituciones que conviertan el talento disperso en capacidad colectiva: organizaciones que permitan experimentar, aprender y ejecutar. No se trata de sacrificar controles democráticos en nombre de la velocidad, sino de entender que la capacidad de hacer también se construye. Competir no es solo ofrecer incentivos fiscales, levantar infraestructura o simplificar trámites; es desarrollar la capacidad de resolver problemas cada vez más complejos.
Para resolver esta brecha, la obsesión educativa necesita un propósito claro. No basta con educar más: hay que definir para qué país estamos formando. Si aspiramos a una economía más productiva, tecnológicamente avanzada y competitiva en actividades de mayor valor, la planificación educativa debe partir de esa meta y no correr detrás de ella.
Podemos importar tecnología y maquinaria, atraer capital e incluso contratar temporalmente el conocimiento que nos falta. Pero ningún país puede delegar indefinidamente la construcción de su propia capacidad. Ese recurso no se importa: se construye.

Martín Valerio Jiminián