Comprender la ley para decidir mejor

Existe un principio antiguo en nuestro ordenamiento: nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para excusar su incumplimiento. Es una regla necesaria, porque sin ella ninguna norma podría sostenerse. Pero contiene también una exigencia que con frecuencia olvidamos: si la ley se presume conocida, el Estado tiene el deber de hacerla comprensible. Una norma que la ciudadanía no entiende obliga, pero orienta poco.

Con esa convicción iniciamos en Dajabón, el 28 de agosto, el programa Código Penal para la Ciudadanía. Desde entonces hemos llevado formación jurídica a catorce provincias; la más reciente, Sánchez Ramírez, el 23 de octubre. Las jornadas continuarán los lunes y viernes hasta completar el recorrido nacional previsto para diciembre. En cada provincia el trabajo se organiza para llegar, en un mismo día, a públicos distintos: universidades, sector productivo, gobiernos locales y comunidad. Cada uno se relaciona con la ley desde un lugar diferente, y cada uno necesita una explicación pensada para ese lugar.

La pregunta que orienta este esfuerzo es sencilla: ¿cómo convertir el contenido de una ley en conocimiento útil para la vida diaria? El Código Penal suele imaginarse como un asunto de tribunales, expedientes y especialistas. Sin embargo, muchas de las situaciones que regula ocurren lejos de esos espacios: en un chat familiar, en una discusión entre vecinos, en una relación de pareja, en un negocio de barrio o en una red social. Una persona necesita comprender qué implica reenviar una imagen o un dato privado de otra persona, cómo reconocer una situación de violencia que requiere ayuda o por qué una discusión, por intensa que sea, nunca justifica una amenaza.

Esas decisiones se toman en segundos y, muchas veces, sin referencias claras. Para que la educación jurídica tenga sentido, debe relacionarse con situaciones que las personas puedan reconocer en su propia vida. Una ley explicada desde la experiencia cotidiana deja de percibirse como una amenaza lejana y empieza a funcionar como lo que debe ser: una guía para convivir.

Por eso no comenzamos por los delitos ni por las penas. Comenzamos por la Constitución. Explicar el Código Penal exige comprender primero la dignidad humana, los derechos fundamentales, los deberes ciudadanos y las garantías que limitan el ejercicio de la autoridad. El derecho penal es la herramienta más severa de que dispone el Estado y, precisamente por eso, debe entenderse dentro de sus límites. La misma Constitución que permite sancionar una conducta es la que garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y el trato digno a toda persona.

Esa base permite abordar las conductas y sus consecuencias dentro de una visión de convivencia democrática, en la que las responsabilidades alcanzan tanto a las personas como a las instituciones. Quien conoce sus deberes comprende mejor por qué una conducta se sanciona; quien conoce sus derechos sabe también qué puede exigir cuando la autoridad actúa. El recorrido se apoya en 44 tarjetones pedagógicos. Dieciocho desarrollan los fundamentos constitucionales y la ciudadanía; los otros 26 abordan contenidos penales y toman como referencia la guía oficial de la Procuraduría General de la República. Un equipo de diez especialistas acompaña las jornadas. La función de esos materiales es traducir la norma en ejemplos que una persona pueda reconocer sin necesidad de formación jurídica. Un buen material pedagógico no simplifica la ley hasta deformarla; la acerca sin perder precisión. Esa es la línea que procuramos cuidar en cada tarjetón y en cada explicación.

Como abogado y psicólogo, considero que enseñar requiere atender tanto al contenido como a la forma en que las personas lo reciben. El aprendizaje no ocurre en el vacío: ocurre en personas con experiencias, temores y expectativas concretas. El lenguaje especializado puede levantar una barrera. El temor a equivocarse, o a exponer una situación personal frente a otros, puede impedir una pregunta. Y una pregunta que no se formula es, con frecuencia, una duda que permanece y una decisión que se toma sin información suficiente.

Por eso una jornada educativa debe ofrecer condiciones para expresar dudas con confianza. Quien pregunta participa activamente en su aprendizaje y, al mismo tiempo, nos ayuda a identificar qué debemos explicar mejor. La conversación es, por tanto, parte del método. Exponemos contenidos, abrimos espacio para preguntas y ofrecemos orientación general, preservando la privacidad de quienes participan. Cuando una situación requiere examinar hechos o documentos, corresponde dirigirla hacia la atención especializada. Esa distinción protege a la persona y evita que una explicación pública se convierta en una respuesta apresurada sobre una situación particular. Orientar bien también significa saber hasta dónde llega una charla y dónde debe comenzar una atención individual.

Comprender la ley fortalece dos capacidades que una democracia necesita. La primera es la de decidir: una persona informada puede anticipar las consecuencias de sus actos y elegir con mayor responsabilidad. La segunda es la de exigir: una ciudadanía que conoce sus derechos dispone de mejores herramientas para reconocer un abuso, denunciarlo por las vías correctas y reclamar una actuación pública responsable.

Ninguna de esas capacidades se sostiene por sí sola. Necesitan instituciones accesibles, dispuestas a explicar y preparadas para responder. La educación jurídica no sustituye la obligación del Estado de funcionar bien; la complementa. Una persona que aprende a reconocer una situación de riesgo debe encontrar, al buscar ayuda, una puerta abierta y una respuesta oportuna.

La utilidad de este recorrido no se mide al concluir cada encuentro. Se juega después, en momentos que no veremos: cuando alguien decide no compartir una información que no le pertenece, cuando reconoce que una situación en su entorno necesita ayuda, cuando detiene una discusión antes de que escale o cuando acude a la institución adecuada con una duda bien planteada.

Ese es el propósito de fondo: que el conocimiento de los derechos y los deberes acompañe las decisiones de cada día, y que esas decisiones encuentren instituciones capaces de responder. Una ley comprendida es una ley más cercana, y una ciudadanía que comprende es una ciudadanía más libre.

Vamos por lo que nos une.