Uteco: la universidad estatal que más rinde con lo que menos recibe

Ningún estudiante de una universidad pública dominicana recibe del Estado menos que uno de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Con los RD$179,459,435 que le asigna el Presupuesto General del Estado, repartidos entre los 6,516 estudiantes que le reconoce el Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior 2024 del MESCyT (aunque el promedio anual real de 2025 y 2026 ronda entre 7,000 y 8,500 estudiantes) a cada uno le corresponden unos RD$27,541 al año. Es la cifra más baja de todo el subsistema estatal.

La comparación con las demás instituciones públicas cuyo monto se puede calcular resulta incómoda. Con la misma matrícula de referencia, el Estado aporta en 2026 RD$79,249 por estudiante de la UASD, RD$96,143 por cada uno del Instituto Politécnico Loyola, RD$111,265 en el ITLA y RD$186,375 en el ITSC. En el ISFODOSU, cuyo modelo incluye internado, alimentación y estipendio para los futuros maestros, la cifra llega a RD$605,408, unas 22 veces la de Cotuí. La UNADE, que depende del Ministerio de Defensa, no tiene una línea propia en el presupuesto porque sus fondos van dentro del programa de educación militar, así que su aporte por estudiante no se puede aislar.

Ninguna fórmula publicada explica esas diferencias. El artículo 92 de la Ley 139-01 ordena establecer criterios para asignar los recursos públicos a las instituciones de educación superior, y ese reglamento nunca se dictó. Por eso el reparto depende de la negociación de cada año y de la cercanía de cada institución a los centros de decisión.

Tres presupuestos con el mismo número

La asignación de la Uteco subió de RD$159.5 millones en 2024 a RD$179.5 millones en 2025, y desde entonces no se ha movido. La ley de presupuesto de 2026 repite la cifra y el proyecto para 2027 la vuelve a repetir. Como la inflación sigue su curso, el mismo monto nominal valdrá en 2027 unos RD$26,354 por estudiante en pesos de 2026, de modo que la universidad tendrá menos recursos reales cada año aunque la partida parezca estable.

La necesidad está documentada desde hace tiempo. En octubre de 2022 la rectora Marilyn Díaz explicó ante el Congreso Nacional que la universidad requería unos 600 millones de pesos al año, y el proyecto de presupuesto institucional de 2023 cifró ese total en RD$614.9 millones. Entre lo que se necesita y lo que se recibe hay una distancia de unos 420 millones anuales. Si el Estado cubriera los 600 millones, el aporte por estudiante rondaría los RD$92,000, una cifra comparable a la de la UASD y todavía inferior a la del ITLA.

La calidad que se ganó con poco

Lo llamativo es lo que la Uteco ha conseguido con esas limitaciones. El 15 de octubre de 2026 el MESCyT informó que el CONESCyT había aprobado el pleno ejercicio de la autonomía de la universidad, junto con otras siete instituciones. El artículo 48 de la Ley 139-01 reserva ese reconocimiento a quienes acumulan al menos quince años de funcionamiento y dos evaluaciones quinquenales favorables consecutivas. La autonomía se ganó, por tanto, con evaluaciones favorables ante el órgano rector del sistema.

La investigación tiene también su vitrina. La Revista Científica El Capacho, que la universidad edita en Cotuí, figura en el Catálogo 2.0 de Latindex y fue admitida en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) el 13 de septiembre de 2026, con su archivo completo depositado desde 2006. Con ese ingreso, la UTECO se sumó a la RECIE del ISFODOSU y a Seguridad, Ciencia y Defensa de la UNADE como las únicas tres revistas de instituciones públicas de educación superior dominicanas presentes en DOAJ. El Capacho es la única de ellas que se edita fuera de Santo Domingo. Conviene añadir un dato que da la medida del esfuerzo, y es que la UASD, con casi 195,000 estudiantes, todavía no tiene ninguna revista en ese índice.

Una oferta pensada para su región

La Uteco nació el 10 de febrero de 1982 como respuesta a las necesidades del Cibao Oriental, y su oferta académica sigue esa vocación. Forma geólogos y agrimensores para una provincia minera como Sánchez Ramírez, agrónomos y técnicos agropecuarios para una zona que vive del campo, enfermeras y bioanalistas para los servicios de salud de la región y docentes para sus escuelas. Su maestría en gestión de riesgos de desastres responde a un territorio expuesto a inundaciones y al impacto de la actividad extractiva. Los empleadores de esas carreras están en la propia provincia, en las minas, las fincas, los hospitales y las escuelas.

Esa pertinencia tiene valor público. Un egresado que se queda en Cotuí, Cevicos, Fantino o Hatillo y ejerce allí su profesión reduce la presión sobre las universidades de la capital y de Santiago, y devuelve al territorio la inversión que se hizo en su formación.

Lo que se sacrifica cuando el dinero no alcanza

Cuando la asignación no crece, el ajuste recae sobre las personas. Lo sienten primero los profesores, cuyos salarios y condiciones de trabajo quedan rezagados frente a otras instituciones públicas, y luego los empleados administrativos que sostienen la operación diaria. Detrás vienen los estudiantes, que trabajan en laboratorios por modernizar y con menos tecnología de la que su formación exige. Muchos llegan desde municipios y parajes alejados sin que la universidad pueda ofrecerles transporte.

La desigualdad se nota en los beneficios estudiantiles. El ISFODOSU ofrece beca completa a sus estudiantes y, según su memoria institucional, alimentación, residencia y un estipendio. La UASD sirve desde agosto de 2022 almuerzo y cena gratuitos a unos 50,000 estudiantes en su comedor y opera un tren interno gratuito en su sede central. El ITLA otorga becas completas por excelencia en cada convocatoria. Los estudiantes de la Uteco, siendo también alumnos de una universidad del Estado, no cuentan con incentivos de esa naturaleza. La propia universidad advirtió en su proyecto de presupuesto de 2023 que solo podría ajustar los costos de matrícula y servicios a favor de los estudiantes en la medida en que el Gobierno central aumentara su asignación.

Hay además una deuda con quienes construyeron la institución. En sus 44 años, la Uteco no ha logrado dotar de un fondo de pensiones al personal que ingresó antes de la Ley 87-01. El proyecto de presupuesto institucional de 2023 reconoce ese pasivo y plantea saldarlo con los colaboradores que han dedicado décadas a la universidad. Profesores y empleados llevan años reclamando esa partida, que no figura en los 179 millones congelados.

El oro de Cotuí y las asignaciones especiales

En diciembre de 2025 la Presidencia de la República transfirió a la UASD una asignación especial de RD$900 millones, que la universidad registra con el libramiento 6499 en su estado de ingresos, y en enero de 2026 le entregó otros RD$200 millones. Son RD$1,100 millones en dos meses, por encima de la partida que fija la ley de presupuesto y equivalentes a seis veces lo que la Uteco recibe en un año entero. Los 900 millones de diciembre bastaban por sí solos para cubrir dos veces la distancia entre lo que la universidad de Cotuí recibe y lo que necesita.

La UASD sostiene a casi 195,000 estudiantes y sus carencias son reales, de modo que esa ayuda tiene justificación. La pregunta es por qué el mismo criterio no alcanza a Cotuí. Si el Poder Ejecutivo dispone de margen para socorrer a una universidad del Estado cuando sus cuentas no cierran, la UTECO tiene el mismo derecho a recibir ese socorro, y Sánchez Ramírez tiene razones de sobra para reclamarlo.

Esas razones salen del subsuelo de la provincia. Según la DGII, la minería aportó al fisco RD$40,068.6 millones en 2025. El Ministerio de Hacienda atribuye RD$27,501.9 millones de ese año a Pueblo Viejo, la mina que Barrick opera en Cotuí, y estima en el proyecto de presupuesto de 2027 que la misma empresa pagará RD$34,277.5 millones entre impuesto sobre la renta, participación en las utilidades netas y retorno neto de fundición. Los RD$179.5 millones de la Uteco no llegan al uno por ciento de lo que el oro de Sánchez Ramírez dejará al Estado en 2027. La provincia que sostiene la recaudación minera del país recibe para su universidad pública el menor aporte por estudiante de todo el subsistema.

La ley previó una compensación. El artículo 117 de la Ley 64-00 manda entregar al municipio donde se explotan recursos no renovables el 5 % de los beneficios netos, y la Ley 236-14 reserva a la Uteco un porcentaje de lo que reciba el FOMISAR, el fondo creado para administrar ese dinero en la provincia. Con las cifras del propio proyecto de presupuesto, ese 5 % debería rondar en 2027 los RD$2,113.7 millones, y el Gobierno consigna RD$500 millones. La porción de la UTECO se calcula, por tanto, sobre menos de la cuarta parte de lo que la ley ordena.

Una asignación especial para la Uteco comparable a la que recibió la UASD devolvería a Sánchez Ramírez una fracción pequeña de lo que su oro ya entregó. Con 420 millones adicionales al año la universidad cerraría la brecha que arrastra desde 2022, y el Estado seguiría recibiendo de la provincia más de ochenta veces esa cantidad.

Un trato igual para una universidad igual de pública

La Uteco es tan estatal como las demás instituciones que financia el Estado. La Ley 236-14 la reconoce como universidad pública y sus estudiantes y sus familias pagan los mismos impuestos que sostienen a la UASD o al ISFODOSU. Lo que corresponde es que su financiamiento se decida con los mismos criterios, empezando por el reglamento de asignación que la Ley 139-01 exige desde hace veinticinco años.

Mientras ese reglamento no exista, el Congreso tiene en sus manos el proyecto de presupuesto de 2027. Llevar la asignación de la Uteco hacia los 600 millones que la institución necesita costaría unos 420 millones adicionales, menos del 3 % de lo que recibe la UASD. Y si el Poder Ejecutivo vuelve a disponer asignaciones especiales como las que concedió a la UASD entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la Uteco y Sánchez Ramírez deben figurar entre sus destinatarios. Con ese monto, una universidad que ya demostró su calidad ante el CONESCyT y que publica en índices internacionales podría pagar mejor a sus profesores y saldar la deuda de pensiones. Sus estudiantes tendrían, por fin, las condiciones que el Estado ya garantiza en otras instituciones públicas.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.